Hablan los hechos

El sector empresarial impugnó el aumento de un 20% al salario mínimo en las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado no sectorizado, previamente anunciado por el Comité Nacional de Salarios (CNS), y que entraría en vigencia casi de inmediato, si prevalecía el esperado consenso y no se presentaba ningún impugnación.

Pero en una actitud reiterada de la cúpula empresarial, su representante, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), comunicó la tarde del viernes que fue depositada la impugnación en el despacho del ministro de Trabajo.

El salario mínimo más alto fue establecido en RD$15,447.60, el mediano RD$10,620 y el pequeño de RD$9,411.60. Además, el salario mínimo para los vigilantes privados sería de RD$13,032, y para los trabajadores del campo RD$320.40 al día.

El CNS, el cual está compuesto por representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empresarios, después de una hora buscando consenso decidió incrementar el salario sólo con la aprobación de las partes laboral y gubernamental, aunque con un 10% por debajo de las aspiraciones de los sindicalistas.

La representación del empleador, a cargo del presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) se retiró de la reunión pretextando desinterés del sector sindical de tomar en consideración su propuesta y un alegado interés del gobierno de maltratarlos, consignaron medios escritos.

Sin embargo, en 2015 los empresarios solos y la parte gubernamental, decidieron un porcentaje de 14%. Ahora sucede lo contrario, que los trabadores y el gobierno votaron una tarifa del 20%, recuerda el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

“Esto es un triunfo para el movimiento sindical, independientemente de que no sea suficiente y los empresarios deben acatarlo porque quienes más tienen que perder en un país son los que más tienen. Entonces si ellos irrumpen el orden incumpliendo la ley, deben saber que eso tiene consecuencias y que las masas cuando se desbordan en reclamos no van a Gualey ni a Guachupita, van a los ensanches de lujo donde están los ricos a buscar lo que creen que les corresponde”, considera Rafael-Pepe-Abreu.

Una actitud previsible

Con mucha anticipación, el sector empleador a través de los más diversos medios sostuvo una agresiva campaña, no sólo en respaldo a su renuencia al establecimiento de un salario más próximo al real costo de la vida, sino con la pretensión de reducir o eliminar conquistas históricas de los trabajadores, como la cesantía, además de proponer una escala salarial absurda, basada en un aumento de 9%.

Para el gremio patronal, el incremento recomendado por el CNS equivale a un aumento de 350% por encima del Índice de Precios al Consumidor, IPC, lo considera será de un efecto inflacionario y provocará despidos masivos, quiebra de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, incentivando la informalidad, lo cual obra en contra de la estabilidad macroeconómica requerida para seguir creciendo de forma sostenible.

Son argumentos que también contradicen el parecer de la autoridad monetaria y financiera que de forma reiterada sugiere una aproximación de los salarios a los costos reales de la canasta básica, para dinamizar aún más la economía y acelerar el crecimiento desde una perspectiva de equidad.

“Es una acción impropia del sector empresarial porque demuestra que ellos persisten en mantener una posición de terquedad ante una situación que ellos saben no tiene forma de prosperar”, entiende Rafael -Pepe- Abreu de la CNTU.

Sugiere a los empresarios tomar en cuenta que la impugnación se apela al superior jerárquico del CNS, que es el ministro de Trabajo, y que nunca ha revisado ni devuelto una tarifa aprobada por el organismo, y mal se haría ahora con tomar una actitud de esa naturaleza.

Abreu advirtió asimismo que crea intranquilidad la actitud patronal y se debe entender que ello puede generar una situación donde los que más pierden son los que más tienen”.

Juan Bosch luchó por dignificar al trabajador

En la constitución de 1963 se reconoce el derecho al trabajo, a una justa remuneración y a la participación del trabajador en los beneficios obtenidos por la empresa, entre muchas otras prerrogativas.

De igual manera, educó sobre el impacto positivo en los negocios del país de una adecuada remuneración, que elevara el poder adquisitivo de los trabajadores y les permitiera sufragar los bienes y servicios necesarios para una mejor calidad de vida, al tiempo de dinamizar las áreas productivas.

Domingo Jiménez, titular de la Secretaría, Secretaría de Asuntos Laborales del PLD, sobre el tema sugirió un encuentro del sector empresarial, la fuerza laboral y las autoridades competentes, para discutir una política salarial acorde con la realidad económica del país, porque desde hace muchos años no se produce un reajuste de salario realmente impactante, recomendando buscar un aumento de 35 o 40 por ciento, para que los beneficiados puedan efectivamente mejorar su capacidad de compra.

“Nosotros abogamos porque se pueda reformular una política salarial en la que se establezca que los aumentos de salarios deben darse por indexación, y que si no lo quieren hacer anual, lo pueden hacer cada 2 años, pero siempre atendiendo a los niveles de inflación”, propuso el también miembro del Comité Central del PLD.

“Hace diez años que no se produce un aumento general en la administración pública, y los trabajadores y empleados del Estrado también padecen los efectos de la inflación acumulada que afecta a toda la población”, dijo.

“En enero del año 2011, el costo de la canasta familiar era de 10 mil 545 pesos con 898 centavos para el quintil número 1, y 49 mil 244 pesos con 93 centavos para el quintil número 5; mientras que el promedio nacional se situaba en 23 mil 688 pesos con 72 centavos.

Para noviembre de 2016, la más reciente actualización, el costo de la canasta familiar en el quintil número 5 era de 58 mil 369, y el promedio nacional se situaba en 28 mil 515 pesos con 85 centavos.

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