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La desmedida reacción del presidente Michel Temer a la más grande manifestación popular ocurrida en Brasilia, y que exigía entre otras demandas su inmediata renuncia, fue interpretada como señal inequívoca del ocaso del actual inquilino del Palacio de Planalto.

Alegando la necesidad de mantener la ley y el orden ante los violentos disturbios desencadenados después que -según organizaciones sindicales- las fuerzas de seguridad del Distrito Federal atacaran «de forma truculenta a los manifestantes», Temer ordenó militarizar la urbe del 24 a 31 de mayo.

«La gente no puede esperar nada diferente de lo que viene ocurriendo en Brasil. Asaltaron el gobierno, implementaron una agenda liberal al extremo… y ahora ese gobierno ilegítimo, financiado por un consorcio golpista, fue demostrando con el tiempo no tener condición alguna de gobernabilidad», afirmó el sindicalista Adilson Araújo.

Para el líder de la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), la marcha del 24 de mayo ultimo en la cual participaron entre 150 mil y 200 mil personas «fue el ocaso de Temer», acorralado en los últimos días por denuncias de corrupción, asociación delictiva y obstrucción de la justicia.

El decreto de militarización de Brasilia, derogado un dia después ante la avalancha de críticas de los más diversos sectores, denotó la debilidad del Ejecutivo y rebajó a las Fuerzas Armadas a servir de instrumento político de un gobierno «moribundo», apreció por su parte el Frente Brasil Popular, que como el Frente Pueblo Sin Miedo respaldó la convocatoria de las centrales sindicales a la marcha.

En su llamado a la Novena Marcha de los Trabajadores para ocupar Brasilia, las centrales obreras exigieron la investigación rigurosa de todas las denuncias de corrupción contra Temer y los desmanes que vienen paralizando el país.

Deploraron la falta de legitimidad del gobierno para, en un momento de grave crisis institucional, política, económica y social, lanzar sobre las espaldas de los trabajadores y de la parcela más humilde de la sociedad el costo del ajuste económico representado por tales medidas, y exigieron retirar las reformas laboral y del sistema de pensiones de la agenda de la Cámara de Diputados y del Senado Federal.

Cualquier solución para la crisis en esta coyuntura -puntualizó- pasa por la cimentación de un amplio y democrático acuerdo nacional que permita construir un nuevo proyecto de desarrollo y reconstruir la legitimidad de las instituciones políticas de la República mediante la realización de elecciones generales y democráticas.

¿Atrapado sin salida?

La delación premiada hecha por el propietario del frigorífico JBS, Joesley Batista, sumió a Temer en una profunda crisis política y propició que, a pedido de la Fiscalía General, la Corte Suprema autorizara abrir una investigacion contra el titular del Ejecutivo por obstrucción de la justicia, corrupción pasiva y asociación delictiva.

También fueron presentados ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 14 pedidos de impeachment contra el gobernante, ninguno de los cuales fue aceptado hasta ahora por el titular de esa Casa y aliado incondicional de Temer, Rodrigo Maia.

Ante esa situación y la insistente negativa de Temer a dimitir, es criterio generalizado aquí que la salida del inquilino del Palacio de Planalto pudiera decidirla en junio próximo el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuando reanude el análisis de la casación del binomio ganador en las elecciones de 2014 (Dilma Rousseff-Temer) por supuesto financiamiento irregular de su campaña.

La acusación ante el TSE fue interpuesta por el entonces candidato presidencial derrotado y líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aecio Neves, quien como consecuencia de la delación de Batista fue separado de su encargo como senador federal por decisión de la Corte Suprema.

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