Opinión

La evolución de los aumentos de los salarios parece seguir más que una secuencia un guion virtuoso, alejado de los enfoques desarrollados por diferentes escuelas del pensamiento económico y si apegado a la lógica pragmática de la coyuntura segmentada en la debilidad orgánica de parte los actores, puesta de relieve toda ves, que se precisa de ajustes o aumentos en los salarios. Todo parece girar en torno a un marco jurídico que en materia económica se traduce a un escenario estanco que se expresa en la existencia de un Comité de Salario, conjuntamente con el supuesto de un ajuste por inflación cada dos años.

Un guion de argumentos que se ha convertido en una tradición de la negación, más que una cultura integral de bienestar integral, cuyos supuestos intentan tener cabida en un entorno cada vez más global y complejo, que demanda un nuevo estilo de gestión empresarial de los recursos y donde el capital humano, conjuntamente con la tecnología y los métodos de organización productiva funge como el protagonista del proceso. Al margen del impacto de los cambios tecnológicos, la historia evidencia la generación de nuevas formas y actividades de creación de riquezas.

En el ámbito de los enfoques y los modelos económicos, la literatura sobre el salario navega en la contradicción de si el salario es una mercancía o por el contrario constituye una variable distributiva, lo segundo implica que el mercado de trabajo resulta inexistente, que el salario es una categoría histórica y que por tanto el aumento o no del mismo, no es el resultado de la demanda y oferta de trabajo. Que el cambio experimentado en el salario corresponde a la pugna distributiva como expresión de la posición de negociación que cada actor social (oferente y demandante) pueda imponer o desplegar en determinados momentos, conforme la teoría de la pugna distributiva.

En tanto, si el estadio de depresión económica es el resultado de la carencia de demanda, explicada en la ineficacia del sector privado para generar los empleos suficientes que tienda al pleno empleo o situación general de equilibrio, conforme la versión keynesiana. En caso contrario y en situación de equilibrio, lo que existe no es ineficacia del sector privado en la generación de empleos, sino la “tasa natural de desempleo”, que resulta de la abstinencia voluntaria al trabajo, que no puede en ningún caso ser trastocada por la política fiscal, según la versión clásica y neoclásica, reafirmada por la escuela de chicago.

El guion de la negación del sector empresarial se hilvana un conjunto o matriz de argumentos clásico-neoclásico y monetarista, donde el aumento salarial supone consecuencias nocivas para la economía en su conjunto, tales como: a) desequilibra el mercado de trabajo al generar desocupación; b) aumenta de la inflación; c) incrementa la demanda agregada, desestabilizando los tipos de interés y de cambio, en tanto aumenta las importaciones y, a su vez, reduce la competitividad de las exportaciones; d) eleva la informalidad en la economía; e) que es una función de la productividad del trabajo en un marco de flexibilidad laboral, lo contrario resulta inviable para la economía; y f) genera contracción o caída del crecimiento económico o del PIB.

En adición, el sector empresarial también alude que los aumentos en los salarios ocasionan informalidad, en lo relativo a que las pequeñas empresas tienden a desaparecer, por cuanto debe haber discrecionalidad o diferentes niveles de salarios según tamaño de la empresa en materia de capital.

Conforme el marco jurídico laboral, en la República Dominicana, cada dos años tiene lugar la discusión del aumento salarial al interno del “Comité de Salario”, instancia tripartito compuesto por representantes del ministerio de trabajo, los trabajadores y los empresarios. En el marco de las discusiones iniciadas en septiembre de 20016, concluyeron en abril de 2017 con la aprobación de 20% para los diferentes niveles salariales, superando la propuesta de 9% que mantuvo el sector empresarial.

Sin embargo, la resolución que dispuso dicho aumento fue recurrida por el sector empresarial, logrando que 7% sea efectivo a partir de septiembre del presente año, condicionado a que se convierta en ley el proyecto de reclasificación industrial, con lo cual se percibe que al clasificar las empresas en alta, mediana y pequeña, una gran parte de la franja salarial que corresponden a las grandes empresas descenderían a la mediana y pequeña empresa.

En efecto, ha de estimarse que de concretizarse la reclasificación, una gran cantidad asalariados activos caerían en la franja de mediana y la pequeña empresa, y, por cuanto, no se beneficiarían del aumento salarial (20%), en tanto, no le correspondería el restante 7%, diluyéndose sustancialmente el impacto relativo que pudiera haber tenido en la distribución del ingreso y el bienestar social, pues los bajos aumentos que tuvo lugar durante periodo, bajo estudio, solo ha logrado mantener estanco la pendiente adversa que ha seguido el salario real en la República Dominicana.

Durante el periodo 1996-2016, la economía dominicana, al margen del impacto de la crisis bancaria de 2003, observa un periodo de gran expansión económica mostrando una tasa de crecimiento promedio de 6.34 %, que resulta de una fuerte tendencia positiva que experimentaron variables claves en todo proceso de creación de riqueza, como son: a) las exportaciones; b) productividad del trabajo; c) el nivel empleo; d) cantidad horas/hombres; e) valor agregado; f) la estabilidad de la inflación y el tipo de cambio.

Cabe destacar que el aumento de los niveles de productividad en función horas/hombres, si bien muestra una acentuada correlación con el crecimiento del PIB y el valor agregado, no sucede lo mismo cuando se inserta en la matriz la tendencia negativa que observa el salario real y su posición diametralmente equidistante con relación a las demás variables bajo análisis. En efecto, hay una distancia insostenible entre el salario real y el costo de la canasta familiar que parece indefinida.

En escenario de expansión económica, carece de justificación la presencia de precarización o caída libre del salario real. Y mucho menos, con presencia de alto nivel de productividad y con significativo nivel de valor agregado, evidenciando que la economía dominicana muestra alta tasas de ganancias y suficientemente viable como para continuar manteniendo un esquema de salario real que no corresponde con el nivel de riqueza que genera. Que la relación salario real y el costo de la canasta familiar constituye otro elemento evidente y atrofiante para la propia convivencia social que sugiere toda sociedad.

Bajo tal esquema, el sector empresarial no llega a entender la necesidad de un Pacto Social que procure disminuir la inequidad salarial en la sociedad dominicana, donde la remuneración dentro de los estados financieros de las empresas sigue representando solo el 8% de los costos globales, máxime en un escenario de altos niveles de exenciones fiscales al sector privado. Y que bajo esta situación los argumentos clásicos y neoclásico-monetaristas, a la luz de los resultados resultan inexplicable y totalmente desconectado de la realidad económica.

La reclasificación industrial como definición de políticas de incentivos, bien pudiera aprovecharse para establecer un nuevo marco salarial que tienda hacia la aproximación de la curva del salario real con el costo de la canasta familiar y los niveles de productividad. Pues, el marco jurídico anclado en el ajuste por inflación cada dos años, en adición a la aplicación del modelo de metas de inflación, imprime ciertas notas controversiales. En efecto, la no correlación entre la canasta familiar y el salario real, merece especial atención, toda vez que desde 2012, se achica el nivel de inflación a niveles históricos nunca visto. Sin embargo, por el lado del sector privado a la luz de las discusiones al interno del Comité de Salario, persiste la posición de apego al guion primitivo de bajos salarios.

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