Opinión

Para que exista una verdadera democracia participativa deben existir en un Estado Social y Democrático de Derecho, elementos estructurales que permitan su ejercicio: Existencia de un contexto de libertades políticas y sociales; Disponibilidad de canales efectivos de participación; Fortalecimiento de las democracias locales a través de los gobiernos locales; Existencia de organizaciones sociales no gubernamentales que sirvan como canales de participación para multiplicar las opiniones y estimular el debate democrático, que promuevan la conciencia social; Capacidad de los gobernantes de aceptar críticas y ser receptivos de las sugerencias hechas por parte de la sociedad; y el fomento de la descentralización.

Hoy día, una democracia efectiva demanda la interacción con los ciudadanos, de manera que más allá del ejercicio electoral, se disponga de mecanismos que le permitan ser parte integral de los procesos políticos, sociales, culturales y económicos de su país.

Así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Y esta concepción es de una importancia tal que en las constituciones de muchos países, incluido la República Dominicana, declaran y reconocen la nación como “Estados Sociales y Democráticos de Derecho”, incorporando distintos instrumentos de participación ciudadana, tales como Alemania, Francia, España, Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay, Perú, Ecuador, República Dominicana. Es decir, el ciudadano activo exige convertirse en actor del proceso y demanda dejar atrás ser un mero espectador. Para ello requiere conocer los procesos e instrumentos que permiten hacer efectiva su integración.

La participación ciudadana ha sido reconocida en los más significativos instrumentos internacionales sobre derechos humanos (acuerdos, declaraciones, pactos, etc.). Esto la reviste de una protección que traspasa las fronteras nacionales de los países y le da una categoría que la posiciona como principios fundamentales de la formación y supervivencia de los Estados.

El artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789, se estableció que “todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes” en la formación de las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo del año 1978, estableció en su artículo 20 el derecho de sufragio y de participación en el gobierno al decir que “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.

Meses después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del año 1948, contempla en su artículo 21 que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre del año 1966, se indica “Todos los ciudadanos gozarán”, sin ningún tipo de distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, del derecho de “a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, del 22 de noviembre del año 1969, expresa que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país” (artículo 23).

En el año 2001, la Carta Democrática Interamericana reconoce en todo su contenido la relevancia estratégica del derecho a la participación para el ejercicio pleno de la democracia en el continente americano. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional (artículo 2). Establece igualmente que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. (artículo 27).

Otro documento importante es la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en la que se establece que “(…) la mejora de la gestión pública es consustancial al perfeccionamiento de la democracia. Es así como surge como paradigma social la búsqueda de una democracia plena, que se soporte, entre otros, en los derechos de información, participación, asociación y expresión sobre lo público, esto es, en el derecho genérico de las personas a participar colectiva e individualmente en la gestión pública, lo que se puede denominar como el “derecho de participación ciudadana en la gestión pública”.

Las constituciones latinoamericanas, -como el caso dominicano-, que han incluido mecanismos de participación directa de los ciudadanos, la regulación efectiva de su participación y puesta en práctica, sin dudas que contribuye con la calidad de la democracia.

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