Opinión

Es alarmante la situación de violencia que se registra en las escuelas de nuestro país, el mal trato entre los estudiantes nos ha llevado a ocupar el tercer lugar en América Latina con mayores niveles de violencia física en el estudiantado, esto sin que el estado cuente con políticas públicas integrales, correctamente definidas y aplicables para enfrentar la situación.

Desde el punto de vista conductual, los niños y adolescentes que ejercen violencia sobre otros, en un alto porcentaje han sido víctimas de maltratos en la familia. Se evidencia la necesidad de que el sistema educativo desarrolle estrategias tanto de prevención, como de control, para detectar las señales de maltrato y violencia a tiempo para poder evitar tragedias. La violencia escolar se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa y en el ejercicio de los roles de quienes la conforman: padres, alumnos, docentes y directivos.

Recientemente Henry Parada, Rafaela Burgos y Maria Elena Asuad docentes del Ryerson University of Canada, presentaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), un trabajo de investigación realizado en los centros educativos públicos del país, para conocer el estado de violencia existente en las escuelas, el mismo reveló que un 46% de las niñas son afectadas por un atropello salvaje de parte de sus compañeros (que va desde insultos a golpes y heridas) y que en ocasiones son tocadas en sus partes íntimas sin su consentimiento.

En nuestra moderna Constitución del año 2010 se ha ampliado el concepto de familia, en el catálogo de Los Derechos Económicos y Sociales, expresado en su Artículo 55, sobre los Derechos de la Familia se indica qué: “la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” quedando claramente establecido que el estado debe garantizar la atención y protección a todas las familias, sin excepción.

Para formular políticas públicas educativas que promuevan la paz y la convivencia pacífica en los planteles escolares, es necesario que se permita diseñar y aplicar medidas de políticas de prevención y sanción, al mismo tiempo que se requiere hacer un diagnóstico sobre este fenómeno en el que participen la comunidad educativa, especialmente los educandos y sus familias. Desarrollar programas de prevención haciendo énfasis en las familias con situación de riesgo y el entrenamiento a los padres en disciplina positiva.

Indudablemente, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se han obtenido grandes logros en materia de educación, y debemos reconocer que desde el Ministerio de Educación se ha manifestado preocupación y sensibilidad ante esta problemática, sin embargo, el estado debe enfrentar un reto, al favorecer la articulación de distintas líneas de trabajo en una política educativa integral capaz de desarrollar una mirada total de los sujetos a quienes atiende, y a sus contextos.

Los ciudadanos mostramos preocupación por la creciente violencia que se viene dando en el país, y que se manifiesta también en nuestras escuelas, por lo que entendemos que el gobierno dominicano debe poner atención a esta problemática social que afecta a las presentes y futuras generaciones convirtiéndose en un real obstáculo para el desarrollo.

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