Opinión

El antecedente más remoto de la inmunidad parlamentaria data del siglo XIV (1397), y se refiere al caso de Thomas Haxey en Inglaterra. El conflicto se suscitó en relación a la libertad de expresión en el Parlamento inglés. Haxey presentó una solicitud donde criticaba los gastos excesivos en la Casa Real, en la época del Rey Richard II (1377-1399). El monarca se sintió desafiado y ofendido, autorizó despojarlo de sus posesiones y promovió condenarlo a muerte por traición. En 1399, asume el trono Enrique IV y solicitó al Parlamento revocar la decisión que habían tomado en contra de Haxey.

La inmunidad parlamentaria se consolidó el 13 de febrero de 1689 (Siglo XVII), con la aprobación en Inglaterra del Bill of Rights (o Declaración de Derechos), que en 13 artículos estableció una serie de restricciones a la Corona, que en ese momento fue asumida por Guillermo III y María Regina de Orange.

Esta declaración de derechos estableció que el rey no podía cobrar dinero para su uso personal, eliminar leyes, impuestos, mantener un ejército en tiempo de paz sin la aprobación del parlamento. Consignó además, que los miembros del parlamento tenían que ser elegidos con plena libertad; que debían reunirse con frecuencia y que sus intervenciones no podían obstaculizarse. El artículo IX, estableció de manera expresa “que las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que el Parlamento”, lo que constituye el primer precedente de la inmunidad parlamentaria y de la jurisdicción privilegiada.

En ese mismo año (1689), se aprobó en Inglaterra la “Ley de Tolerancia”, que concedió la libertad religiosa y de culto, el derecho a abrir escuelas y el acceso a funciones públicas. La idea fue establecer un equilibrio de poder entre el rey y el parlamento. La proclamación por parte del parlamento de los reyes María de Orange y Guillermo III en 1689, fue con la condición de que aceptaran la “Carta de Derechos” y la “Ley de Tolerancia”, fundamentadas en la soberanía de la nación.

Noventa y ocho años después (17 de septiembre de 1787, Siglo XVIII), los Estados Unidos de Norteamérica aprueban su constitución, en la que consignaron de manera precisa las garantías de los legisladores para el ejercicio de sus funciones. El artículo 1, sección 6, numeral 1 de la Constitución de Estados Unidos de 1787, determina que “durante el período de sesiones de sus respectivas Cámaras, así como mientras se dirijan a las mismas o de ellas regresen, no podrán ser arrestados (los senadores y representantes), excepto en casos de traición, delito grave y alteración de la paz”.

Dos años después (el 3 de septiembre de 1791), en la Célebre Sesión de la Asamblea Nacional Francesa se aprueba la Constitución del pueblo francés y se introduce la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes. En este sentido, el texto estableció “los representantes de la Nación son inviolables; no podrán ser buscados, acusados, ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes” (art. 7 de la sección V, del capítulo I, del título III). Asimismo, el artículo 8 del referido texto constitucional, estableció el requisito de la previa autorización del cuerpo legislativo para proceder en ciertos casos contra dichos representantes. Esta decisión fue tomada dos meses antes de haberse aprobado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789.

En España, 21 años más tarde de haberse aprobado la Constitución francesa, se promulgó la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812) y también estableció la necesidad de garantizar la plena libertad de los diputados, para el ejercicio de su trabajo parlamentario. El referido texto lo expone en su artículo 128: “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados, civilmente, ni ejecutados por deudas”

En el derecho constitucional contemporáneo, la figura de la inmunidad parlamentaria aparece en la Constitución de Weimar, aprobada en la ciudad alemana de Weimar el 11 de noviembre de 1919, que organizó una república Federal con 18 Estados y la elección de un presidente por el voto popular; y en la Constitución de México, aprobada en 1917, que dio origen al constitucionalismo social, partidario del estado de bienestar y de los derechos de los trabajadores. Ambas constituciones en sus artículos 37 y 61 respectivamente, consagraron las mismas garantías en relación a la inmunidad parlamentaria que se habían adoptado en las constituciones aprobadas en los Siglos XVIII y XIX.

La Constitución de la Unión de República Socialista Soviética (URSS), también consagró la inmunidad parlamentaria a los integrantes del congreso, según lo prescribe el artículo 106 de su Ley sustantiva. La Constitución española del 31 de octubre de 1978, es un texto constitucional de referencia para Latinoamérica. El jurista y político español Antonio Carro se refirió al tema indicando que “Además de consagrar garantías generales como el Habeas Corpus, establece que los diputados no pueden ser detenidos, inculpados, ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva”.

El artículo 71 de la Constitución española establece la figura de la inmunidad parlamentaria en forma amplia y precisa: “1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.” Esta prerrogativa está consagrada las Constituciones de la mayoría de los países donde imperan regímenes democráticos.

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