Opinión

“Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó.
Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde”.

Independientemente de que el pensamiento que acabamos de transcribir no sea de Bertolt Brecht, como afirman algunos, lo transcribo porque lo considero oportuno para la idea que quiero compartir: la indiferencia ante algo que supuestamente no nos afecta, pero que al final puede volverse contra nosotros.

Sé que pisaré en arena movediza. Por eso me adelanto a aclarar que no soy amigo ni relacionado de ninguno de los detenidos por el caso Odebrecht. De hecho, solo con Julio César Valentín y Temístocles Montás he intercambiado un “saludo”, por llegar yo al lugar donde ellos se encontraban, o por darse la situación contraria.

No creo que haya alguien mínimamente decente que no esté de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Nadie que quiera lo mejor para nuestro país puede oponerse o impugnar de algún modo el desarrollo de este tipo de lucha.

Sin embargo, nuestra vocación constitucionalista motiva que no nos dediquemos a disparar hacia el paredón moral que han habilitado algunos en su propio muro o en muro ajeno, ni en los programas de televisión y páginas de periódicos que han devenido en tan denigrante condición.

Con independencia de lo que se pueda considerar, nuestra Constitución dispone en su artículo 69 que “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación…” y expresa en el literal 3 de ese artículo que todo imputado tienen “el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.

Si bien es cierto que la presunción de inocencia no elimina la presunción de culpabilidad que ya muchos han asumido como verdad de Dios en el ejercicio también de sus derechos, no menos lo es que el fardo de la prueba es responsabilidad de la parte acusadora. Será el Ministerio Público el que deberá quebrar la presunción de inocencia de quienes resulten comprometidos en los expedientes que se les instrumenten. Y no puede ser de otro modo, porque como hemos visto en el citado texto constitucional, la presunción de inocencia es un estado existente previo al proceso y durante su desarrollo, hasta que una sentencia con carácter de irrevocable decida lo contrario.

Con ese criterio como norte y con la esperanza de que se agote debidamente el proceso dispuesto para estos casos, hago voto para que los que resulten inocentes sean debidamente rehabilitados y los que se compruebe participaron de los sobornos sufran las penas que merecen, sin importar condición política ni prestancia social. Por algo a la señora justicia nos la presentan con los ojos vendados.

Finalmente, la práctica de pasarles por encima a los procesos establecidos, impulsados por el simple ánimo de participar sin miramiento en la orgía moral de estos días, nos puede pasar factura cuando quizás ya sea demasiado tarde, como se dice en la cita con que encabezamos este escrito.

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