Hablan los hechos

La Octava Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un comentarista de televisión al pago de una indemnización de siete millones de pesos a favor de la diputada Lucia Medina, actual presidenta de la Cámara Baja.

Medina acusó al ahora condenado de difamación e injuria por comentarios que atentaron su honra y su moral.

La magistrada juez Suinda Brito, presidenta de la sala, ordenó además que el imputado cargue con el pago de las costas del proceso.

La decisión de la jueza se produjo en horas de la tarde y desde el mismo momento en que se dio a conocer por los medios de comunicación en sus portales de internet, generó comentarios de elogios.

La magistrada de forma oral dio a conocer el fallo del caso ventilado acompañado de argumentos que entregará posteriormente de forma escrita en los que explicará los motivos de la decisión adoptada.

Adelantó que el tribunal tomó la decisión basándose en que el justiciado no se cubrió con el comentario que hizo y que además se basó en declaraciones de terceros.

Además explicó que el comentarista, al referirse a la supuesta relación íntima de la congresista, utilizó vocablos como “braguetazo”, que en República Dominicana tiene una connotación “específicamente sexual “expresando que no midió las consecuencias de sus actos, pues cuando se refería en ese tipo de términos no tomó en cuenta que la congresista es una mujer casada y que su marido podría haber reaccionado de manera violenta.

La jueza Brito, destacan las reseñas periodísticas, recordó el alto número de feminicidios que ocurren en el país cada año; “aquí asesinan una y dos mujeres cada día por asuntos pasionales”.

El monitoreo de los programas radiales de esa tarde y los comentarios al reporte de los medios digitales, saludaron el fallo de la jueza, viéndolo como el inicio del fin de la manera alegre que desde los medios de comunicación se formulan acusaciones y juicios en contra de funcionarios públicos, congresistas, mujeres y hombres conocidos.

Se usa y abusa en los medios para hacer daño, para herir y maltratar personas. La difamación es pan de cada día, las burlas son abundantes, es decir un abuso de la libertad de información.

Los veteranos comunicadores aconsejaron al sentenciado para que modificara su proceder y forma, recomendaciones que respondió con soberbia.

En una llamada que hiciera a un programa radial matutino volvió a usar los términos que motivó la querella y acusación de Lucia Medina, demostrando petulancia y engreimiento, que es como se ve desde afuera este señor, de quien se conoce muy poco su trayectoria profesional en la comunicación.

Es un aparecido en los medios, quien ha entendido que los escándalos y el bullicio ofrecen fama, con la que comercializaría mejor las presentaciones que hace.

Que un alto porcentaje de programas y medios saluden el fallo de la jueza en contra de un comentarista confirma la indignación de los medios con relación a las críticas ligereas, al manejo periodísticos basado en inventivas.

Experimentados comunicadores opuestos a que se demanden periodistas por difamación e injuria han saludado el fallo de la magistrada presidenta de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, que debe poner a pensar al condenado.

Una lección que debe aprenderse

La condena al señalado conductor de un espacio arrendado es una lección que debe aprenderse para controlar la forma en que se conducen programas de radio y televisión y los escritos en medios digitales.

La administración publica ya no tiene funcionarios o servidores, todos son corruptos o ladrones, porque así lo consideran algunos comunicadores, quienes tienen la “virtud” de acusar, juzgar y condenar sin tener calidad para ello.

Antes de formular una acusación o un juicio de valor el periodista tradicional, el jefe de redacción o director del medio consultaba los abogados de la empresa o simplemente presentaban las pruebas y en casi todos los casos se consultaba al posible afectado.

Ahora se compite en el grado de ofensas. Se llaman personas para ser entrevistados y estando en los estudios o cabinas, terminan siendo injuriados y vilipendiados.

Como en otras disciplina, el periodismo se rige por un código deontológico, que implica un reconocimiento público por parte de los propios periodistas de que su actividad conlleva una dimensión ética. El código crea una conciencia moral colectiva en la profesión.

La forma alegre de acusar y comentar zahiriendo, tiene que cambiar; se hace preciso proteger a las personas y a las familias de las acusaciones difamatorias.

Un verdadero comunicador debe estar claro que sus derechos como comentarista terminan donde inician los derechos de las personas a las que se propone criticar.

Recurrir a la calumnia basado en la libertad de información es una práctica aberrante, que ya el legislador dominicano ha descubierto y trabaja para su superación, mediante normas y reglas.

Derecho al honor

El Código Penal define la difamación e injuria como la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo a cual se imputa.

Basado en esos términos los abogados de Lucia Medina, quien es integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentaron la acusación en contra del procesado, que llevó a la jueza Suinda Brito, a tomar la decisión de condenarle tras encontrarlo culpable de hacer comentarios sin sustento que atentaron contra el honor y la moral de la legisladora.

El Derecho al Honor es un Derecho fundamental relacionado con la intimidad personal y familiar y la propia imagen y constituye un bien integrante de los derechos de la personalidad del individuo.

Ese derecho al honor deriva de la dignidad humana reconocida en la Constitución de la Republica: “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos” (Art. 38).

El derecho a la intimidad personal y familiar protege al individuos de intromisiones extrañas, tiene también rango constitucional como lo establece el artículo 44 sobre Derecho a la intimidad y el honor personal: “Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”.

Es el derecho que ha reclamado la ciudadana Lucia Medina con el cual ha obtenido ganancia de causas.

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