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De ilegal y abusiva calificaron los abogados de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva la determinación del juez federal Sergio Moro de confiscar todos los bienes y valores del ex presidente.
Aunque la decisión data del 14 de julio, ésta se mantuvo en secreto, por lo cual la defensa tomó conocimiento de la misma solo este miércoles y por medio de la prensa, que una vez más tuvo la primicia, subrayaron los juristas.

En la práctica -agregaron- esta decisión priva a Lula de disponer de todos sus bienes y valores, perjudicando no solo su subsistencia, sino también la de su familia. «Es una arbitrariedad más de entre tantas otras cometidas por el mismo juez» contra el ex dignatario.

De acuerdo con los defensores, una medida de este tipo se justificaría solo si hubiera pruebas de la existencia de riesgo de dilapidación patrimonial, por lo cual impugnarán la misma.

El Partido de los Trabajadores (PT), por su parte, condenó la «decisión mezquina», de Moro, «quien se vale de la complicidad con la Red Globo para cometer todo tipo de arbitrariedades contra el mayor líder popular del país.»

Cada acto de violencia practicado por el juez federal de Curitiba deja más claro para el pueblo brasileño que Lula es víctima de la más avasalladora persecución judicial, mediática y política jamás vista en este país, advirtió el comunicado del PT.

Según informó el diario digital Brasil 247, el Banco Central bloqueó 606 mil 727 reales (aproximadamente 190 mil dólares) depositados en cuatro cuentas bancarias. Además fueron confiscados tres apartamentos y un terreno propiedad de Lula, todos en San Bernardo del Campo (Sao Paulo), donde reside, y dos automóviles.

El 12 de julio último, Moro condenó a nueve años y medio de cárcel al ex presidente brasileño por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Según la acusación del Ministerio Público Federal (MPF), Lula recibió 3,7 millones de reales (más de un millón de dólares) en «propinas» mediante la reforma de un apartamento, cuya propiedad le es atribuida sin que existan pruebas que lo confirmen, y con el pago del almacenamiento de sus bienes.

Los abogados defensores del ex dignatario sostienen que éste fue víctima de un juzgamiento políticamente motivado y que ataca al Estado de Derecho y la democracia brasileña.

Lula fue condenado sin que «ninguna evidencia creíble de culpa fuera producida, mientras las pruebas abrumadoras de su inocencia fueron descaradamente ignoradas», señalaron los letrados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins.

Por más de tres anos, remarcaron, Lula ha sido objeto de una investigación que dejó en claro de comienzo a fin del proceso el sesgo y la motivación política de Moro, cuyo juzgamiento «avergüenza a Brasil» al ignorar evidencias sólidas de su inocencia y al mismo tiempo violar continuamente derechos humanos básicos y del proceso legal.

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