Hablan los hechos

En lo que constituye un capítulo más de las acostumbradas aspiraciones con matiz soberano, independentista y separatista de Cataluña, el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la celebración de un nuevo referendo para el 1ro de octubre, donde los catalanes decidirán sobre su futuro como parte o no del Reino de España.

Para tales fines, el gobierno de esta región autonómica ha propuesto la siguiente pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Sin embargo, no muy bien había comenzado a apaciguarse el ambiente de fervor tras aquella reivindicativa noticia, cuando en una movida previsible de auto preservación, el Tribunal Constitucional español declaró públicamente la invalides de tal convocatoria.

La medida y las reacciones suscitadas en torno a las aspiraciones catalanas cuentan con antecedentes recientes, donde el 11 septiembre del 2012 se produjo en Barcelona una manifestación masiva bajo la consigna “Cataluña, nuevo Estado de Europa”. Dos años después, para la misma fecha pero en el 2014, hubo otra movilización multitudinaria, esta vez coincidiendo con el 300 aniversario del día en que Cataluña cayó bajo el dominio de los borbones, después de la guerra de sucesión española.

En aras de recrear un poco la historia de estas reivindicaciones, podríamos destacar que con aquella derrota y consecuente anexión de esta región al trono español (apoyado por Castilla), los catalanes perdieron la relativa soberanía que le había acompañado por siglos. ¿Qué tal si indagamos un poco más en el pasado y las particularidades del devenir catalán?

Lo primero es que Cataluña, conocida hoy en día por ser una de las regiones más prosperas y desarrolladas industrialmente en España, con una demanda turística desbordante, viene tejiendo su historia desde la fragmentación del imperio Romano, que dio paso a lo que conocemos como la “edad media”. Por aquel entonces la Península Ibérica fue víctima de la expansión de los árabes, lo que produjo una contraofensiva de parte de los cristianos en la zona, llamada la “Reconquista”, logrando en el plazo de unos ocho siglos replegar a los árabes hacia el sur.

Es durante este proceso que, en lo que es hoy Cataluña, un poco antes del siglo X comienza a nacer pequeños condados que gozan de plena soberanía, a la vez que gozaban del resguardo de lo que se conoció como Imperio Carolingio. Dos siglos después, la región pasa a formar parte de la Corona de Aragón, bajo una unión que le preservó su soberanía hasta principios del siglo XVIII.

Sería en el año 1714, donde tras 14 meses de constante asedio, la capital de Cataluña, Barcelona, fue controlada por las tropas leales a los borbones, quienes comenzaron un proceso sistemático de disolución de las instituciones catalanas, que culminaría en 1716. Como medida de control, sería impuesto un modelo centralizado y absolutista bajo el dominio de la nueva corona. Vale destacar que la preminencia de los borbones en el reino de España, fue el producto de una guerra de sucesión donde Felipe V, quien contaba con el apoyo de Castilla, derrotó al archiduque Carlos de la dinastía Habsburgo, reinante en la Monarquía Hispánica aragonés (incluyendo Cataluña) desde el siglo XVI y mejor conocida como Casa de Austria. En los siguientes tres siglos, la región catalana iría perdiendo cada vez más soberanía, en especial durante el régimen militar de Francisco Franco, donde la cultura e idioma catalán fueron prohibidos. Esto les llevó a intensificar cada vez más a cultivar el sentimiento independentista, lo que devino en que el 11 de septiembre se celebre la fiesta de la Diada, o “Fiesta Nacional catalana”.

Sería ya para 1979, tras la transición a la democracia y ya concretado el Pacto de la Moncloa, cuando se aprueba un Estatuto de Autonomía de Cataluña, dándole ciertas competencias para auto gestionarse. El mismo sería revisado en el año 2006, y permitiría a esta región poseer más de 58 competencias propias, además de gestionar a discreción los asuntos sociales, políticas económicas, educación, comercio, tráfico, cultura, turismo, vivienda.

De vuelta a las actuales manifestaciones, en septiembre del 2014 los legisladores catalanes aprobaron una “Ley de Consultas” a celebrarse en noviembre de ese año, que sería firmada y autorizada por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. No obstante, a pesar de que el 80% de los catalanes votaron a favor de la independencia, la consulta pasó a ser una especie de referendo “simbólico”, dada la ilegalidad de esta al no estar contemplado tal recurso en la Constitución española. De hecho, la Constitución española establece explícitamente en su artículo segundo la «indisoluble unidad de la nación española», recurso al cual se ha aferrado el presidente Mariano Rajoy para objetar las iniciativas independentistas.

En aquel momento, con el objetivo de reforzar su legitimidad de cara a la necesidad de convocar nueva vez una consulta popular, para poder obtener la independencia de España, Artur Mas adelantó las elecciones en el Parlamento de Cataluña para septiembre del 2015. Tras ganarlas, el gobierno catalán aprobó una nueva estrategia de “desobediencia”, en el cual no se subordinaría a las directrices del gobierno español, lo que elevaría aún más las tensiones a lo interno y externo de esta región autonómica.

Como consecuencia de este punto de inflexión y la creencia de que Artur Mas ya había agotado su rol frente a la Generalitat, por lo que fue perdiendo apoyo, en enero del 2016 asume Carles Puigdemont, quien inmediatamente hace constar su misión de consolidar las aspiraciones separatistas de Cataluña.

En efecto, con el anuncio el pasado 9 de junio sobre la celebración de un futuro referendo para octubre, Puigdemont está honrando el legado de Mas, y actuando conforme a las presiones internas que apelan por un futuro independiente. Para ello ha hecho constar su desconocimiento de las reacciones del gobierno español, activando una “vía unilateral” hacia el referendo, con el fin último de hacer cumplir el resultado que emane de la votación. Sin embargo, puede que el parecer de los catalanes haya sufrido cierta variación con respecto a los pasados plebiscitos, pues, según una encuesta reciente, los que apoyan el proceso de independencia ha bajado a un 44.3%, mientras que los que rechazan el proceso han subido a un 48.5%. A pesar de esto las autoridades catalanas han decido seguir adelante con sus aprestos.

Dada la determinación de la Generalitat a resistir los embistes legales y ejecutivos del gobierno español, el próximo referendo plantea un evidente choque de trenes, donde Cataluña busca hacer valer su propio peso histórico, económico (PIB de 248,000 millones) y cultural.

La suerte parece estar echada en este nuevo episodio, que evidencia la búsqueda de una reivindicación histórica del pueblo catalán. Esto explica el ánimo gubernamental, de cara a la entrada en vigencia de la “Ley de plebiscito” pautada para agosto, una especie de Ley Suprema de Cataluña, que busca restar fuerza a los preceptos legados españoles.

Quizás el ánimo social no sea el mismo de cuando, en pleno padecimiento de las consecuencias de la crisis económica, escándalos de corrupción y desgaste de la clase política, Cataluña tuvo una perfecta excusa para impulsar su separación. Pero la determinación del ejecutivo parece más definida que nunca, donde las intransigencias han derivado en purgas contra toda disidencia interna, en el propio seno de la Generalitat.

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