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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una orden ejecutiva de su antecesor, Barack Obama (2009-2017), que regulaba el uso de equipo militar excedente por las agencias locales de aplicación de la ley.

La medida anterior, de 2015, prohibía la transferencia a esas fuerzas de una gran cantidad de equipamiento, incluidos vehículos blindados, lanzagranadas, armas de alto calibre y uniformes de camuflaje empleados antes en campos de batalla.

Obama tomó tal decisión en el contexto del debate en todo el país sobre la violencia policial después de la muerte del joven afronorteamericano Michael Brown a manos de un agente del orden, hecho que desencadenó importantes disturbios en Ferguson, Misuri.

En aquella ocasión, las fuerzas policiales respondieron con material antidisturbios, desplegaron gases lacrimógenos, perros y vehículos blindados, e incluso llegaron a apuntar con rifles de asalto contra los manifestantes.

A veces, la respuesta de la Policía a esas protestas era una «operación militar», señaló un informe de 50 páginas encargado por la Casa Blanca bajo el mandato de Obama.

Restauración del acceso a recursos y equipos de salvamento para las fuerzas de seguridad estatales, locales y tribales es el título del decreto firmado por Trump este lunes.

Según el fiscal general, Jeff Sessions, quien se refirió al hecho en la convención nacional de la Orden Fraternal de la Policía en Nashville, Tennessee, equipos como helicópteros y vehículos blindados son de vital importancia para los esfuerzos de emergencia y respuesta a desastres.

Por su parte, grupos de derechos civiles criticaron el cambio de política y manifestaron que las pautas de la era de Obama resultaban fundamentales en aras de reconstruir la confianza con las comunidades de afronorteamericanos.

Esas directrices fueron creadas para asegurar que los cuerpos policiales tuvieran una mentalidad de guardián, no de guerrero, expresó Vanita Gupta, titular de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos.

Nuestras comunidades no son lo mismo que los combatientes armados en una zona de guerra, advirtió la exdirectora de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia del Gobierno precedente.

El Congreso lanzó originalmente el llamado «programa 1033» en 1990 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que permitió al Pentágono transferir el excedente de armamento y equipo a la policía estatal y local para su uso en «actividades de lucha contra las drogas».

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