Opinión

A propósito de la discusión en torno al proyecto de ley de partido políticos y la controvertida posición de incluir o no en su texto la celebración de elecciones primarias para la escogencia de candidatos de manera simultánea, mediante el voto universal, nos llama la atención el hecho de que en las posiciones enarboladas hasta el momento se haya despreciado la impronta de un precedente producido por nuestra Suprema Corte de Justicia actuando como tribunal constitucional.

En efecto, con la promulgación de la ley 286-04 del 15 de agosto del 2004 se estableció un sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto con participación de todos los electores, en la selección de los candidatos de los partidos y agrupaciones políticas para funciones electivas en los niveles presidencial, congresional y municipal.

Transcurrido un breve espacio de vida de esta ley, la misma fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, promovido en la inteligencia de que “la esta disposición legal al establecer un sistema de primarias obligatorias mediante el voto universal, directo y secreto, con la participación de todos los electores inscritos en el padrón electoral, despojaba a los partidos de la facultad de elegir sus propios candidatos conforme sus estatutos.

En adición, sostenían los accionantes “que la nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas conforme a las disposiciones que a ese respecto habrán de contener los estatutos del partido”. En ese contexto, seguían argumentando los accionantes, “despojar a los miembros de un partido político del derecho de elegir sus candidatos, constituye una violación al derecho fundamental (escoger candidatos y presentarlos en las elecciones correspondientes), lo que equivaldría a declarar la eventual quiebra del sistema político”.

Otro argumento planteado en su momento en dicha acción en inconstitucionalidad, tenía que ver con la infracción que se le infringía al texto fundamental, al promover una convocatoria de carácter general, para mediante el ejercicio del sufragio universal elegir los candidatos de partidos en una asamblea electoral reservada para elegir al Presidente y Vicepresidente de la Republica, Senadores y Diputados, regidores y suplentes, síndicos y suplentes y demás funcionarios que determine la ley; pero nunca para elegir candidatos de partidos políticos, ni para celebrar primarias simultaneas. Dejando en manos de la Junta Central Electoral, la responsabilidad de la organización de la misma.

Los agravios sometidos como infracciones constitucionales fueron ponderados por nuestra Suprema Corte de Justicia, la cual actuando como tribunal constitucional tuvo a bien rendir en fecha 16 de marzo del año 2015 la sentencia comentada; de cuya motivación fundamental cabe destacar las siguientes reflexiones:

En cuanto a la disposición de la ley cuestionada, que disponía la celebración por los partidos políticos de convenciones primarias de manera conjunta mediante el voto universal en el mismo proceso que organice la Junta Central, nuestra Suprema Corte consideró “que esta iniciativa vulnera el derecho que tienen los ciudadanos de asociarse políticamente con la única limitación de que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en la constitución, al disponer que en lo adelante la escogencia de los candidatos se haría en elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto en la forma que antes se ha indicado y no mediante el tradicional sistema de primarias de cada partido.” Asimismo entendió nuestra Corte suprema que este sistema “facilitaba combinaciones antidemocráticas en perjudico de los más idóneos candidatos”.

Nuestra Suprema Corte de Justicia al ponderar las implicaciones jurídicas que arrojaba el nuevo sistema de elecciones primarias establecido la Ley 286/04, estimó que este sistema “operaria con la participación de todos los electores, es decir del voto universal, obviamente que está patrocinando (refiriéndose a este sistema) una convocatoria de las asambleas electorales para que se reúnan en fechas y con fines distintos a los indicados en las disposiciones constitucionales antes citadas, ya que estas, las asambleas electorales, deben reunirse únicamente el 16 de mayo de cada cuatro años para elegir los funcionarios electivos de la nación, y no para seleccionar las candidaturas de los partidos participantes en el torneo electoral, por lo que por este motivo la denominad Ley de Primarias resulta también no conforme con la constitución”.

La lección que se desprende de este precedente constitucional nos priva el aliento, dada la coincidencia de elementos establecidos en los aspectos de la ley declarados no conforme con la constitución y los aspectos que ahora pretenden ser insertados en la nueva Ley de Partidos políticos. En efecto, la reproducción en el proyecto de ley de partidos políticos de los aspectos censurados en el precedente jurisprudencial comentado, nos permite vaticinar el resultado final que tendría una iniciativa de ley promulgada en esas condiciones. Pues, aún cuando la realidad jurídica de nuestro país hoy está siendo tutelada por un texto constitucional distinto al vulnerado en su momento por la Ley de Primarias, lo que se pretende insertar en la nueva Ley de Partidos(asambleas electorales Generales, con padrón abierto y regenteadas por la Junta Central Electoral) también vulnera disposiciones constitucionales vigentes relativas al derecho de asociación política y la convocatoria a las asambleas electorales generales en un momento y con fines distintos a los previstos en la constitución.

En estas circunstancias, y a la luz de la iniciativa contemplada en el proyecto de ley de partidos políticos, el precedente comentado nos permite predecir cuál sería el resultado de su promulgación en estas condiciones. De ahí la importancia de traer al ámbito de esta discusión, la razonabilidad de este precedente constitucional, el cual podría arrojar luz a un debate que ha ganado la atención de gran parte de la población.

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