Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la violación de leyes sobre inmigración y el erróneo encarcelamiento de solicitantes de asilo.
De acuerdo con las entidades demandantes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por siglas en inglés) detiene a muchas personas durante meses antes de que puedan comparecer ante un juez para estos casos.
La iniciativa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro para Estudios de Género y Refugiados, Derechos Humanos Primero, y Covington & Burling LLP reclama que se declare la oficial política de disuasión como «arbitraria, caprichosa y contraria a la ley».
Asimismo pide la introducción de una orden destinada a acabar con dichas prácticas y se deje en libertad a los inmigrantes si ellos no representan peligro para la seguridad nacional mientras los tribunales toman una decisión.
El recurso, presentado ante la corte federal del Distrito de Columbia, se basa en la observación de las actuaciones de cinco oficinas del ICE que han parado de otorgar casi por completo la libertad condicional desde comienzos de 2017.
Según la ACLU, la posición actual de los centros de Detroit, Michigan; El Paso, Texas; Los Ángeles, California; Newark, Nueva Jersey; y Filadelfia, Pensilvania, contrasta con la de 2013.
Hace cinco años, nueve de cada 10 solicitantes de asilo quedaban en libertad a la espera de sus audiencias.
Quienes hacen tal solicitud son sometidos inicialmente a una llamada prueba de «temor creíble» para determinar si enfrentan la amenaza de persecución en sus países de origen, y quienes no pasan ese análisis son deportados de manera inmediata.
El Gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, quiere hacer miserables las vidas de los solicitantes de asilo para que se rindan y vuelvan a su país, incluso en riesgo de muerte, opinó Michael Tan, abogado de la ACLU.
