El proyecto de ley de una nueva Constitución despachado hace nueve días por Michelle Bachelet quedó definitivamente congelado por el nuevo Gobierno de Sebastián Piñera.
Claramente, el ministro del Interior y segundo al mando, Andrés Chadwick, afirmó que su administración conservadora no estimulará de ningún modo la discusión de la propuesta de la socialista Bachelet.
«No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet», declaró Chadwick.
El secretario de Estado señaló que en cualquier caso el Ejecutivo pretende modificar el documento, pero que lo hará en «un ambiente de acuerdos» y no a «última hora», en una crítica abierta a la exdignataria.
En realidad, Bachelet promovió un amplio proceso de debates en torno a lo que los chilenos deseaban dentro de una nueva carta magna, pero el proyecto de legislación apenas se hizo visible a poco de entregar el poder.
La actual Ley Primera de la República fue diseñada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque ha sido reformada en varias ocasiones.
Si bien un proyecto de esta magnitud se discute en el nivel parlamentario, la potestad del Gobierno de turno es esencial para decidir si avance o no, mucho más en estos momentos con un Congreso Nacional dividido.
Al rubricar el texto, Bachelet subrayó que el proyecto «establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos. Así de claro, corrigiendo una tremenda omisión del texto actual».
Establece la gratuidad en la educación y amplía los derechos al debido proceso, a huelga, igualdad entre hombres y mujeres, en particular en salarios.
Además, comprende el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, con sus derechos, identidad y cultura, y su aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional.
