Opinión

La reacción del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sintoniza con la aspiración de la Junta Central Electoral (JCE) de establecer mecanismos de regulación a la promoción de aspiraciones a candidaturas a lo interno de los partidos políticos.

Quienes respaldaron las advertencias de la JCE para que se suspendan todas las actividades proselitistas que incluyen diversas manifestaciones propagandísticas y los que las han rechazado, coinciden en la necesidad que se tiene de regular esos actos para la tranquilidad ciudadana y reducir al máximo esos procesos que resultan dilatados en el tiempo y de alto costo.

Lo expresado por la dirigencia partidaria sintoniza con las aspiraciones de una mayoría que siente hastío por tanto tiempo invertido en campaña y además reconoce la facultad reglamentaria del organismo de comicios, pero lo que se objeta y protesta es la forma y la inobservancia a disposiciones legales y constitucionales.

Es la Ley Sustantiva que otorga a los partidos y aspirantes a candidaturas el derecho promover sus aspiraciones participando en encuentros, reuniones o cualquier otra actividad que no afecte el desenvolvimiento de una sociedad con una agenda de metas por alcanzar y problemas por superar.

Como bien se ha expresado no existe norma alguna vigente ni disposiciones estatutarias o reglamentarias de los partidos que prohíban la realización de actividades de promoción de aspiraciones en el periodo anterior a la proclama de apertura de la campaña electoral.

Entonces, como no existe prohibición, está permitido, supeditando la actuación a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

¿Por qué no se consultó a los partidos? Es una interrogante que el honorable pleno de la JCE tiene que hacerse para evitar que futuras decisiones encuentren el rechazo generado en la advertencia realizada posterior a la sesión administrativa celebrada el 20 de junio del presente año.

Hablando la gente se entiende, no se pierde nada y en cambio se puede ganar mucho. Así se llega al consenso y al entendimiento.

Aprovechemos el debate que ha motivado la decisión del organismo de comicios para impulsar, mediante la discusión sincera, una Ley de Partidos en la que se regule la campaña interna y se evite la campaña extemporánea.

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