Escaso impacto obtiene en Perú el largo informe de la comisión parlamentaria sobre sobornos de empresas brasileñas a funcionarios locales, criticado al excluir a posibles protagonistas por razones políticas.
El informe fue presentado por la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, del partido neoliberal Fuerza Popular (FP), en una extensa exposición ante el plenario, que tampoco generó mayor interés entre reporteros y congresistas.
Bartra se quejó de que su informe obtiene limitados espacios en los medios, mientras los congresistas Alberto Quintanilla, del progresista Movimiento Nuevo Perú, y Yonhy Lescano, del partido centrista Acción Popular, señalaron que carece de rigor y valor por el sesgo político que lo caracteriza.
Un informe que está dirigido contra los adversarios políticos de FP y de su socio menor, el Partido Aprista, y protege a los líderes de estos, Keiko Fujimori y Alan García, carece de valor, pese a sus alcances en algunos aspectos, dijo Quintanilla.
Fujimori y García fueron excluidos a pesar de los indicios de que recibieron fondos de la empresa brasileña Odebrecht, y la segunda está presa preventivamente por lavado de activos, acusada de dirigir el enmascaramiento de esos aportes.
Bartra alegó que Fujimori fue excluida porque la investigación estuvo dirigida solo a funcionarios y ella no ha sido tal, aunque el abogado Santiago Gastañadui señaló que era parlamentaria, o sea funcionaria estatal, cuando votó por cambios legales que favorecieron la contratación de Odebrecht para obras públicas.
El informe sin embargo incluye al expresidente Ollanta Humala por el contrato con Odebrecht para la construcción de un gasoducto -que no fue concretado- y quien es acusado de haber recibido fondos electorales de la misma empresa cuando no era gobernante.
García, a su vez, enfrenta investigaciones por lavado de activos, como Humala, pero en el informe fue excluido por los votos fujimoristas y apristas de las recomendaciones de cargos penales luego de que un proyecto del documento lo incluía.
El texto presentado tiene como novedades el planteamiento de cargos penales contra el exministro de Transportes de García, Enrique Cornejo, pese a que el exgobernante, durante su última administración (2006-11), promovió o firmó numerosos cambios legales para favorecer la obra del Tren Eléctrico de Lima.
Odebrecht aceptó el pago de sobornos por ese contrato por 24 millones de dólares, pero solo identificó a funcionarios de tercera línea como receptores de 10 millones, siendo presumible que el resto fue a alguien de más alto nivel.
Entre las pocas novedades del informe se cuentan los exalcaldes de Lima Susana Villarán -bajo investigación de la fiscalía- y Luis Castañeda, hasta ahora intocado.
