Con el potencial de poder marcar el rumbo político de su nación para los siguientes años, los estadounidenses se mantuvieron expectantes en víspera de las elecciones pasadas, cuyos resultados estaban destinados a validar la supremacía republicana o, en su defecto, devolver al Congreso su natural contrapeso en el equilibrio de poder.
De hecho, la cita tenía por objetivo renovar la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes, compuesta por unos 435 miembros, así como un tercio del Senado, que equivaldría a 35 de los 100 escaños que lo componen. En adhesión, también había en juego unos 36 gobiernos locales, lo que planteaba un verdadero rompecabezas para los dos principales partidos, que debían equilibrar sus discursos entre la agenda nacional y las problemáticas locales propias de cada Estado.
Un punto que generó cierto debate en torno al Congreso, fue las posibilidades del Partido Demócrata de arrebatar el control de una o ambas cámaras a los republicanos, a sabiendas de que en la Cámara de Representantes tenían una desventaja de 241 a 194, mientras que en el Senado esta era de 51 a 49. No obstante, contrario a lo que se podría concluir partiendo de esos márgenes, sería la Cámara de Representantes y no el Senado, la vía para contrarrestar a los republicanos.
Lo anterior se explica partiendo del hecho de que de los 35 escaños a ser elegidos en el Senado, 26 están actualmente bajo control demócrata, por lo que tienen más que perder que los republicanos, que apenas defendían 9 escaños. Contrario a esto, en la Cámara de Representantes los demócratas tenían la esperanza, no solo de defender sus actuales puestos, sino también de arrebatar suficientes escaños a los republicanos como para hacerse de mayoría, alentados sobre todo, porque unos 26 representantes republicanos decidieron retirar sus aspiraciones, en lo que comprende el mayor éxodo partidario desde 1974.
El optimismo demócrata con miras a la Cámara Baja, venía acompañado a su vez de la posibilidad de lograr la llamada “Ola electoral”, que se produce cuando el partido en oposición logra 20 o más escaños, aumentando significativamente su representación en el Congreso, arrebatando en efecto el control al partido de gobierno. Este fenómeno de “victoria apabullante”, se ha producido solo en 8 ocasiones en los últimos 70 años, a pesar de que desde 1946 los partidos en el gobierno han perdido su mayoría en la Cámara de Representantes en casi todas las elecciones de mitad de término.
Regularmente, la magnitud de la pérdida de escaños por parte del partido en gobierno varía dependiendo de su nivel de aprobación, lo que se ha traducido en que cuando el mandatario tiene más de un 50% de aprobación la perdida es de unos 15 escaños en promedio, frente a unos 37 escaños cuando está por debajo de este porcentaje.
Ejemplos de estas variantes la encarnan por ejemplo: Bill Clinton, cuando los demócratas perdieron ambas Cámaras en el 1994, George W. Bush en el 2006 cuando la oposición volvió a hacerse con ambas cámaras, y Obama en el 2010 cuando perdió la Cámara de Representantes. En términos porcentuales, el índice de aprobación de estos tres mandatarios al momento de tal retroceso era de 46%, 38% y 45% respectivamente, por lo que el 35% con que cuenta Trump prometía validar esta tendencia.
De hecho, todo parece indicar que los demócratas se estuvieron preparando para este proceso, presentando una propuesta bastante colorida de candidaturas al Congreso, con la cual captar el voto joven y liberal. En dicha estrategia las mujeres representarían la punta de lanza, con un record de 276 candidatas entre aspirantes a representantes, senadoras y gobernadoras, seguidas por candidatos procedentes de minorías como negros, hispanos, comunidad LGBT y musulmanes.
Los resultados posteriores, en los cuales resaltaron la puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, la mujer más joven en ser electa al Congreso; el de Jared Polis de Colorado, que se convirtió en el primer gobernador abiertamente gay; los casos de Ilhan Omar y Rashida Tlaib primeras musulmanas en ser electas al Congreso; así como las victorias de Debra Haaland y Sharice Davids, primeras nativas norteamericanas en ser electas al Congreso, son un ejemplo del histórico giro que traerían las pasadas elecciones. Y es que los candidatos y candidatas mencionados previamente lograron obtener notables victorias en sus demarcaciones, rompiendo con viejos perfiles conservadores, entre los que cabe resaltar el nuevo record de 118 mujeres electas.
Sin embargo, muy a pesar de estos resultados alentadores, lo cierto es que en sentido general las pasadas elecciones terminaron por marcar un abismo ideológico si se quiere, que ha dividido a la nación estadounidense en dos caras opuestas. En ese sentido, electoralmente la era Trump ha sacado a relucir un contraste bipolar entre lo urbano, multicultural y progresista, contra lo tradicional, rural y conservador, una realidad que se evidencia en el nuevo congreso que tendrá lugar a partir de enero.
Con los demócratas contralando en lo adelante la Cámara de Representantes y los republicanos habiendo consolidado su superioridad en el Senado, ya se comienzan a perfilar los escenarios de tensión bipartita que pondrán a prueba la capacidad de negociación y tolerancia de un mandatario que no podrá obrar a sus anchas. En lo adelante, las maniobras demócratas para frenar la agenda legislativa de Trump, así como de someter al mandatario a un eventual juicio político, donde se pondría en discusión su capacidad de dirigir el país, parece ser un hecho.
Es muy probable, que al igual que sucedió con el expresidente Barack Obama, Donald Trump se vea precisado a llevar a cabo su agenda mediante decretos ejecutivos, una prerrogativa que sirve como último recurso ante la imposibilidad de consensuar la agenda del gobierno. De todas formas, tal como ha sido tradición en la historia estadounidense, a excepción de los años 1934 y 2002, procesos en que circunstancias extraordinarias permitieron a los partidos de gobierno aumentar su hegemonía, el Estado vuelve al bipartidismo.
Faltará ver el giro que tomarán casos como la investigación por injerencia rusa en el 2016, y otras investigaciones que seguro surgirán, en busca de casos de “soborno, traición, conflicto de interés” u otros delitos graves que puedan mermar la imagen y potencial candidatura de Trump para el 2020.
