El pedido de asilo en Uruguay del expresidente peruano Alan García entró en una etapa de espera, sin plazos y con resistencias de quienes en ambos países consideran que no califica para el beneficio.
El tema quedó pendiente de la decisión de Montevideo, después que el Gobierno peruano planteó ayer en una nota diplomática, que en Perú no hay persecución política, alegada por García porque un juez le prohibió salir del país por 180 días y él cree que el paso siguiente era la prisión preventiva.
La respuesta consignó también que el Gobierno no interviene en las decisiones del ministerio público ni del poder judicial, ni en la investigación a García por posible colusión y lavado de activos, relacionados con la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
El vicecanciller uruguayo Ariel Bergamino confirmó telefónicamente a una radioemisora local que no hay plazos para la decisión sobre el asilo, rechazado por diversas fuerzas políticas en Uruguay, y será tomada a la brevedad posible y sin precipitaciones.
Por su parte, el ministro peruano de Justicia, Vicente Zeballos, anotó que, si Uruguay concediera el asilo, Lima también «puede tomarse el tiempo necesario», sin plazos, para otorgar el salvoconducto que permita a García salir de la residencia del embajador de Uruguay, Carlos Barros.
Zeballos fue consultado sobre qué hará el Gobierno si se acepta el pedido de García, lo que para muchos supondría asumir que en Perú no hay garantías judiciales, y dijo que el Ejecutivo está actuando de manera objetiva y prudente.
«De acontecer que la autoridad uruguaya pudiera entender que hay una persecución política, obviamente el Perú tiene que actuar con todos los mecanismos de orden procesal apegados a instrumentos de orden internacional que hagan defender sus fueros y soberanía», añadió.
Por su parte, la exembajadora de Perú en Uruguay, Aída García Naranjo, dijo que confía en que el país oriental no otorgue el asilo a García, porque no es perseguido político, ni es procesado por razones políticas, sino por delitos de posible corrupción que no encajan en el contenido ni la tradición del asilo.
Añadió que, en el supuesto negado que esa protección fuera otorgada, el Gobierno peruano no debería extender el salvoconducto hasta que transcurran los 18 meses de arraigo impuesto por la justicia a García, decisión que debe cumplirse.
Por otra parte, los medios de prensa peruanos reportan que en Uruguay crecen los cuestionamientos, incluso entre parlamentarios del gobernante Frente Amplio, a los motivos que invoca García en su pedido de asilo y las resistencias a que este se conceda a quien alega ser perseguido para no aceptar el rigor de la justicia.
