Cada vez se ha hecho más común escuchar el término “cierre de gobierno”, una medida muy propia de la administración estadounidense, que consiste en dejar sin fondos y en cierta medida inoperante, a un segmento importante de las instituciones públicas. Dicho trance tiene lugar cuando tanto las cámaras que componen el Congreso (Senado y Cámara de Representantes), como el presidente, no logran ponerse de acuerdo sobre los gastos a financiar en el presupuesto anual.
No obstante resulta revelador el que esta medida, adoptada por primera vez en 1976 y convertida en un método de presión desde principios de los ochentas tras el “Antideficiency act” de Bejamin Civiletti, se haya convertido en las ultimas décadas en un instrumento muy demandado por los republicanos. Sucede que a pesar de que históricamente se han registrado unos 21 cierres de gobierno, los últimos 6 (1995-1996-2013; así como enero, febrero y diciembre del 2018), se han producido bajo un Congreso liderado por el Partido Republicano.
Según refieren las normas, se prohíbe el funcionamiento de agencias federales sin previa aprobación del presupuesto, salvo aquellas instituciones cuyas operaciones queden consignadas dentro del ámbito de seguridad nacional y orden público. En ese sentido para evitar un cierre de gobierno, el presupuesto federal compuesto por unos 13 capítulos, debe ser aprobado por ambas cámaras y luego firmado por el mandatario, para ser convertido en ley regularmente antes del 1ro. de octubre.
En cuanto al actual cierre de gobierno, éste vio su origen cuando a propósito de las elecciones de mitad de término se acordó aprobar una parte del presupuesto, dejando las discusiones que no contaban con consenso para después del proceso del 6 de noviembre. Sin embargo, tras lo que pareció ser una vía de consenso entre republicanos y demócratas, incluyendo al presidente, fue torpedeada mediáticamente por quienes enrostraron a Trump su falta de compromiso con la construcción del muro en la frontera con México. En lo adelante, la presión sobre aquella controversial promesa de campaña del 2016, trajo nueva vez al debate el financiamiento de un muro que no ha contado con el apoyo dentro del Congreso, a pesar de la mayoría con que cuenta el mandatario. Sucede que las exigencias de un aproximado de US$5,700 millones en fondos para iniciar la ampliación del muro (totaliza unos US$25,000 millones), se ha topado en reiteradas ocasiones con la negativa de los congresistas y esta no sería la excepción.
Como era de esperarse, tras la victoria demócrata en las elecciones de noviembre, donde pasaron a ser mayoría en la Cámara de Representantes, la situación prometía complicarse para el presidente una vez asumieran el 3 de enero, pero contrario a procurar un diálogo constructivo en aras de negociar un acuerdo, Trump apostó por la confrontación e hizo del muro su arma. Así se hizo notar cuando el mandatario protagonizó una confrontación televisada con los congresistas demócratas, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, donde amenazó con provocar un cierre de gobierno si no se aprobaban los fondos para la construcción del muro.
De hecho, descartó una contrapropuesta demócrata, consistente en brindar fondos para dotar de tecnología la seguridad de la frontera, por unos US$1,500 millones, insistiendo que cercar los 3,100km de frontera (actualmente hay 1,000km cercados con vallas) es la única opción. Como era de prever, tras no alcanzarse ningún tipo de acuerdo, la madrugada del 22 de diciembre el gobierno entró en cierre parcial de sus operaciones, una paralización que según vaticinó el mandatario, sería prolongada. Tuvo razón.
Vale destacar que la inminencia del cierre, había generado en días previos varios debates en torno a la posibilidad de adoptar medidas de emergencia para aprobar un presupuesto que evitara el cese de operaciones federales, entre las que sobresalió la “opción nuclear”, una medida para casos de emergencia nacional que permite aprobar en el Senado un presupuesto con mayoría simple de 51 votos, en vez de 60. También los demócratas propusieron negociar el muro por separado, para poder aprobar el presupuesto, pero nada de eso prosperó.
En un primer momento el cierre afectó a una cuarta parte de las instituciones y dependencias del Estado, donde unos 800,000 empleados de Agricultura, Parques Nacionales, Transporte, Justicia y Seguridad Nacional quedaron sin paga. De estos, a unos 380,000 le fueron concedidas licencias temporales, mientras que el resto, pertenecientes a dependencias de Justica y Seguridad Nacional se vieron forzados a trabajar sin paga.
Tal como Trump prometió, el cierre sería prolongado, llevando a muchos a tomar referencia con los registros que indican que el más largo hasta el momento había sido el escenificado en diciembre de 1995, bajo el gobierno del Bill Clinton, con una duración de 21 días, seguido por el del 2013 en la presidencia de Obama, donde duró unas dos semanas.
Tras unos 18 dias, el presidente elevó las apuestas al protagonizar una aparición televisiva, donde durante unos 11 minutos insistió en la necesidad del muro, atacando continuamente la negativa de los demócratas.
Chuck Shummer, líder de la minoría demócrata en el Senado, sentenció que Trump buscaba generar un creciente temor en la población, magnificando una “crisis” que en los hechos es mucho menor, pues el cruce de migrantes ilegales se redujo de 1,6 millones en el año 2000, a poco menos de 400,000 en el 2018. Las peculiares movidas retoricas del mandatario han provocado numerosos debates, sobre si éste cuenta con la capacidad de ganar esta puja, incluso hay quienes aseguran que su estrategia no ha estado a la altura de las enseñanzas que brinda su libro “El arte de la negociación” del 1987.
La batalla mediática hasta ahora la ha ido perdiendo el mandatario, donde sondeos de medios como PBS, indican que la población responsabiliza a Trump del impasse. Quizás eso explique el que en la última semana se haya visto un cambio de actitud, en la que Trump ha buscado puntos de encuentro con los demócratas, ofreciendo incluso extender por tres años la protección a inmigrantes llegados en la infancia (un plan que él mismo había suspendido en 2017), protegiendo así a unos 700,000 jóvenes inmigrantes.
Sería el rechazo demócrata a lo que consideraron la reposición de un programa existente, además de la creciente crisis evidenciada en los puertos aéreos y marítimos por la falta de fondos, lo que haría ceder temporalmente a Trump en sus demandas. De manera sorpresiva, tras 35 días de cierre, el pasado viernes se anunció una reapertura del gobierno por tres semanas, que de hecho, no contempla fondos para el muro.
Veremos qué pasa a partir del 15 de febrero…
