El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzará hoy el debate nacional con el cual pretende aplacar la crisis por el movimiento de los chalecos amarillos, un propósito que genera escepticismo por parte de analistas y ciudadanos.
Desde la norteña comuna Grand Bourgtheroulde, el mandatario dará inicio a la concertación que se extenderá hasta febrero, y cuyos resultados serán dados a conocer el 15 de marzo, según el compromiso asumido por el gobernante.
Durante las próximas semanas tendrán lugar los encuentros con los alcaldes de las diversas localidades galas en un «debate que debe ser lo más informal posible», según trascendió.
En una carta a los franceses, Macron abogó por que «la mayor parte de ustedes pueda participar en este gran debate, con el fin de ser útiles para el futuro del país».
El jefe de Estado mencionó unas 30 cuestiones en las que considera necesario reformar el país, articuladas en torno a los cuatro temas del debate: la transición ecológica; la fiscalidad y los gastos públicos; la democracia y la ciudadanía; y la organización del Estado y los servicios públicos.
El objetivo del proceso es buscar un consenso nacional en medio de la crisis por las manifestaciones de los chalecos amarillos, que llevan nueve jornadas de sábado de intensas protestas en demanda de una mayor justicia fiscal y social.
Aunque el origen de la protesta fue el aumento de precios del combustible decretado por el Ejecutivo, luego las reivindicaciones se ampliaron al aumento de impuestos en general y la pérdida del poder adquisitivo como resultado de la política gubernamental.
Los chalecos amarillos ahora reclaman también reformar la Constitución en aras de una democracia plena y que los ciudadanos tengan la posibilidad de pedir e impulsar la realización de referendos nacionales sobre temas relevantes.
En ese contexto, numerosos analistas expresan dudas acerca de las posibilidades de éxito del proceso, pues si bien el presidente llamó a un debate abierto, al mismo tiempo trazó la línea roja de que no habrá modificaciones a las reformas ya decididas durante su mandato.
Ese factor constituye una limitación importante, a juicio de numerosos políticos y analistas, pues la principal causa de las protestas son precisamente las medidas impulsadas por Macron.
Desde la ciudadanía también se percibe el escepticismo, tal como lo muestra una reciente encuesta de Odoxa-Dentsu Consulting, según la cual una amplia mayoría de franceses (70 por ciento) piensa que la concertación no traerá beneficios para el país.
Aunque un 81 por ciento de los galos ha escuchado hablar sobre el debate, solo un 32 por ciento tiene pensado participar en él.
Asimismo, el 80 por ciento opina que la consulta no abarcará todos los temas necesarios, y un 77 por ciento cree que no se desarrollará de manera independiente al poder.
Para muchos, la poca viabilidad del proceso salta a la vista incluso desde antes de su inicio, como lo muestra además la reciente polémica que llevó a la dimisión de Chantal Jouanno, quien era la encargada de dirigir la concertación.
La prensa francesa reveló que la exministra recibía un salario de 14 mil 700 euros brutos mensuales por asumir esa responsabilidad, lo que levantó de inmediato un mar de críticas.
Jouanno se vio obligada a renunciar para garantizar «las condiciones de serenidad» requeridas para el desarrollo del debate, y fue sustituida por dos ministros: la secretaria de Estado para la Transición Ecológica, Emmanuelle Wargon; y el ministro encargado de las Colectividades Territoriales, Sebastien Lecornu, dos figuras jóvenes y casi desconocidas en el panorama político.
