A su llegada al poder, Donald Trump tenía entre sus principales medidas en política exterior el repliegue del ejército estadounidense, con miras a concentrar los recursos en relanzar la imagen de Estados Unidos y hacerla “Grande otra vez”. Sin embargo escenarios como el de Afganistán, donde ya no solo veían con incredulidad el resurgir de el Talibán, sino también la presencia de células del Estado Islámico, pareció alterar sus planes.
En efecto, desde el 2015 se estableció en Afganistán una filial del Estado Islámico, que se hacía llamar “Khorasan” (nombre antiguo con que se conoce esta región asiática), que significó un desbordamiento de los niveles de violencia, abriéndose frente tanto contra el gobierno y fuerzas extranjeras, como contra los Talibanes. Sin embargo, a pesar de su brutalidad, esta agrupación se vio superada ampliamente en número, viéndose notablemente afectada a partir del 2017, cuando entraría en escena una gran ofensiva internacional.
Sucede que, tras reevaluar su estrategia, la administración Trump había anunciado que las tropas estadounidenses permanecerían en Afganistán de manera indefinida, a lo que se sumaría nuevas ofensivas aéreas llamadas a viral la balanza a favor del gobierno afgano. Las medidas, influenciadas ampliamente por prominentes miembros del gabinete, como eran el consejero de Seguridad Nacional, Gral. H.R. McMaster y el Secretario de Defensa, Gral. James Mattis, llevarían a esta nación a vivir los combates más letales en casi dos décadas de guerra.
Teniendo como principal objetivo el forzar al Talibán a un proceso de negociación, Washington dio inicio a los mayores bombardeos aéreos que se haya visto en la región, haciendo uso de aviones de combate, helicópteros e incluso drones. En total, se estima que solo durante los primeros seis meses del 2017 hubo unos 1,643 ataques aéreos, los cuales no harían más que incrementarse en lo adelante.
Lo anterior explica las consecuencias negativas, que en términos de daños colaterales, se reportarían como resultado de dichas incursiones áreas. Sucede pues, que solo en el 2017 se reportaron 10,000 víctimas civiles, cifra que para el 2018 ascendió a 40,000 víctimas fatales (esta última incluye entre combatientes y civiles), según datos de la ONU y el proyecto ACLED.
Aun así, la determinación del Talibán pareció no verse comprometida, pues a mediados del año pasado lograron hacerse contra todo pronóstico con la ciudad de Kunduz, consolidando su dominio sobre una porción equivalente al 60% del territorio afgano y alentando el reclutamiento de nuevos combatientes. De hecho, las tácticas de guerra de guerrillas, tales como ataques contra bases militares gubernamentales y emboscadas, han sido un dolor de cabeza para el gobierno afgano por el gran número de víctimas que genera. Lo interesante es que, además de efecto propagandístico que generan estos ataques a favor de esta agrupación, lo cierto es que dichas incursiones también proveen armas, vehículos y otros equipamientos militares con los cuales fortalecerse. En términos llanos, hasta mediados del pasado año, la gran ofensiva internacional basada en máxima presión aérea, poco o nada mermó el avance Talibán, a quienes también trataron de destruirles sus fuentes de financiamiento.
Sobre este último aspecto, hay que comenzar por aclarar que históricamente los Talibanes no se han caracterizado por poseer pretensiones materiales o económicas, por lo que sus recursos son destinados a preservar su estructura, difundir su doctrina dentro de la fe islámica y defender sus territorios. Sus ingresos generalmente provienen de fuentes corrientes como peajes, impuestos, robo de suministros, extorsión, e incluso la venta de miel.
Sin embargo, es la producción y comercialización de opio, la fuente de ingreso más rentable y controversial con que cuenta la agrupación, que según fuentes no oficiales, reporta cientos de millones de dólares anuales. En efecto, Afganistán ha sido señalado desde los años 80´s como uno de los mayores exportadores de opio del mundo, una poco agradable distinción, que solo interrumpido se vería afectada temporalmente cuando en el año 2000 el entonces jefe Talibán, mulá Omar, prohibió el cultivo de estas plantas por ser contrario al Islam.
Tal prohibición se mantendría apenas hasta el 2003, cuando la necesidad de subsistir a la invasión estadounidense, le dio el pretexto necesario a los insurgentes para reanudar la producción de esta droga y garantizar los ingresos que le permitirían resurgir una década más tarde. Este nuevo pragmatismo, basado en la teoría del “mal menor”, dio paso a un aumento del 87% en la producción de opio para el 2017, llegando a producirse unas 9,000 toneladas por año desde entonces.
A pesar de los ataques aéreos a los laboratorios, la comercialización de opio no parece haber sufrido baja alguna, lo que junto al avance Talibán ha puesto en tela de juicio la eficacia de la ofensiva internacional. Quizás esto brinde luz sobre el por qué a partir de septiembre del 2018, Trump pareció haber tirado la toalla y dado vuelta atrás a su decisión de permanecer en Afganistán, por lo que nombraría al diplomático Zalmay Khalilzad, para negociar un proceso de paz con los Talibanes.
Dicha medida vendría acompañada en diciembre del sorpresivo anuncio sobre la retirada de unas 7,000 tropas, lo que despertó temor en el gobierno afgano, que se ha visto al margen de estas conversaciones y teme que se le abandone a su suerte. En cambio, los Talibanes se comprometen a no atacar objetivos estadounidenses, ni albergar a ninguna agrupación terrorista en territorio afgano, como sucedió con Al Qaeda en 2001.
En cuanto a las potencias mundiales y las naciones vecinas de Afganistán, estos ven el anuncio como una noticia positiva, toda vez que se ejecute de manera gradual, permitiendo que el gobierno mantenga cierto control que reste empuje al terrorismo. Rusia por su parte, apela a brindar soporte logístico en este proceso, teniendo como objetivo no declarado el recuperar la influencia perdida en la región, a medida que Estados Unidos se repliega.
Es evidente que la paz y estabilidad solo se alcanzará con un compromiso multilateral, que garantice el éxito de las elecciones que están previstas para el próximo mes de junio, así como evitar que mercenarios internacionales llenen el vacío dejado por el ejército estadounidense. Nada está garantizado para Afganistán, más allá de que su ejemplo nos advierte de nuevos agujeros negros que podrían estar surgiendo en nuestra propia vecindad.
