El 2019 apenas va tomando forma, y ya Latinoamérica cursa un proceso electivo que promete generar cambios importantes en un país caracterizado por el bipartidismo, la corrupción y la incesante violencia. Al menos así ha quedado evidenciado desde la vuelta a la democracia en 1992, luego de 12 años de una cruenta guerra civil entre las guerrillas y la dictadura militar, que culminaría finalmente con el acuerdo de Paz firmado en Chapultepec, Ciudad de México.
Nos referimos a El Salvador, una nación que este pasado domingo 3 de febrero se abocó a elegir un nuevo presidente, en medio de un creciente desencanto popular contra los partidos tradicionales. De ahí que las propuestas tanto del gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), como el del principal opositor Alianza Republicana Nacional (ARENA), no hayan sido precisamente las de mejor acogida por la sociedad salvadoreña.
En efecto, las elecciones de este domingo, para las que estaban convocados poco más de 5 millones de ciudadanos, estaban predestinadas a marcar un antes y un después para esta nación. Según datos oficiales, para el proceso fueron habilitados unos 1,595 centros de votación y más de 4,000 observadores, en aras de garantizar no solo el sufragio ciudadano, sino también el de policías y alumnos de la Academia Nacional de Seguridad, que fueron avalados por el Tribunal Supremo Electoral.
Actualmente en el gobierno, el FMLN ha sufrido un importante retroceso en la valoración popular que ha llevado a que su candidato, Hugo Martínez, quien fuera secretario de Estado tanto con Mauricio Funes, como con Salvador Sánchez Cerén, se mantuviera en un tercer lugar durante la campaña. Dicha situación ha respondido en gran medida a los escándalos de corrupción, así como la creciente percepción en torno a la falta de empleos, la inseguridad ciudadana y el pobre desempeño económico del país.
Todo lo anterior parece haber marcado desde el inicio del proceso el destino de esta emblemática organización, toda vez que la misma encarnó en su momento un sentimiento de reivindicación nacional, desde su etapa guerrillera durante el conflicto armado, hasta pasar luego a ser un movimiento político que aglutinaría a los grupos de izquierda. El FMLN había logrado por primera vez acceder a la presidencia en el 2009, cuando su candidato Mauricio Funes logró acabar con el dominio exclusivo de ARENA, con un discurso moderado.
No obstante, el carisma del mandatario y la incidencia de su gestión en la tregua alcanzada entre las temibles pandillas salvadoreñas MS-13 y Calle 8, se vio eclipsado por un escaso crecimiento económico que apenas alcanzó el 1.6% para el 2014 y con una deuda pública que superaba el 55% del PIB. A pesar de ello, el FMLN logró retener el poder en el 2014 de la mano de Sánchez Cerén (a quien conocí al ser nosotros electo presidente de COPPPAL/Juvenil), quien sin embargo no podría revertir en modo significativo la tendencia económica, teniendo como resultado al día de hoy una nación cuyo 31% de la población percibe menos de 5.5 dólares diarios.
Por si fuera poco, no se puede dejar al margen los continuos escándalos de corrupción, que ha afectado al partido gobernante con la acusación contra Mauricio Funes, a quien se le responsabiliza de malversar unos US$351 millones de dólares. Igual suerte ha corrido el partido ARENA, cuyo expresidente Antonio Saca y parte de su equipo, también fueron responsabilizados de apropiarse de más de US$300 millones de dólares.
De ahí que no sorprenda que sea un candidato alternativo el que haya liderado las preferencias durante la campaña, distinción que recayó en Nayib Bukele, un joven político de 37 años que ha logrado canalizar el disgusto popular, agenciándose las simpatías especialmente entre las generaciones más jóvenes. Curiosamente, Bukele está lejos de ser un advenedizo político, ya que fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012-14 y de la capital, San Salvador, entre 2015 y 2018.
Esos cargos los obtuvo siendo miembro del FMLN, partido en el cual militó desde temprana edad dado sus lazos primarios, puesto que su familia ofreció refugio durante los 80´s a importantes miembros de la entonces guerrilla. El distanciamiento vendría luego de alegados enfrentamientos internos, que finalmente llevarían a su expulsión al acusársele de rebeldía, de promover actos difamatorios contra la dirigencia y agredir a una militante.
Desde entonces, el tono del discurso no ha hecho más que acentuar su distanciamiento, con lo que considera una “clase política desgastada y corrupta”, atrincherándose en la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Llama la atención, sin embargo, que con un discurso tan frontal contra la corrupción, Bukele se uniera a esta agrupación formada en el 2014 por Elías Antonio Saca, expresidente salvadoreño condenado a 10 años de cárcel por malversación de fondos.
Por otro lado el candidato por ARENA, Carlos Calleja, el joven empresario de supermercados que procuraba recuperar el poder por parte de este partido tras una década en oposición, vio sus aspiraciones estancarse a raíz de los escándalos de corrupción. En efecto, a pesar de pertenecer a la elite económica del país, y haber garantizado que donaría su salario presidencial de ganar las elecciones, su candidatura no logró el impulso que esperaba.
A todo esto no podemos dejar de lado un tema central, que sin embargo ha brillado por su falta de profundización en los debates, como es la violencia. Por varios lustros El Salvador ha estado entre los Estados más violentos del mundo, liderando ese renglón en los últimos cuatro años cuando llegó a alcanzar la alarmante cifra de 104 muertes por cada 100,000 habitantes en el 2015.
Desde entonces, a pesar de que en los años subsiguientes esas estadísticas fueron bajando a 81 (2016) y 60 (2017-18), lo cierto es que la violencia generalizada sigue siendo el principal motivo de las migraciones masivas de ciudadanos, que en busca de seguridad y protección abandonan progresivamente el país.
Los principales responsables de esta violencia son las pandillas, las cuales surgieron hace décadas en las cárceles de Los Ángeles, Estados Unidos, y hoy aglutinan un estimado de 67,000 miembros, es decir, el 1% de la población salvadoreña. Estas han logrado infiltrarse en diferentes áreas productivas y de toma de decisión, adueñándose de territorios y condicionando elecciones.
No cabe dudas de que los desafíos a enfrentar requerirán de determinación, vasta madurez y capacidad de dialogo de parte del nuevo presidente. Queda en el digno pueblo salvadoreño valorar las implicaciones de su decisión.
