El paso de todos los empleados públicos al Seguro Nacional de Salud, como manda en principio la Ley de Seguridad Social y acaba de ratificar el Tribunal Constitucional, beneficiará a todo el país y garantizará la calidad del sistema.
Será así porque el SENASA no tiene fines de lucro, sino que sus beneficios se reinvierten en favor de los afiliados, acorde con el espíritu de la Ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social.
Naturalmente, esa premisa contrasta con el objetivo de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que aunque están contempladas por el estatuto, han querido, muchas de estas empresas privadas, operar con todo a su favor mediante labores de cabildeo.
Resulta que, a inicios de la implantación de la Seguridad Social, a sabiendas de que la Ley estipulaba la afiliación de los servidores del Estado al SENASA, los lobistas de las ARS aprovecharon la debilidad institucional del gobierno de Hipólito Mejía para hacerse con las nóminas públicas.
Por ejemplo, se conoce que una de las mayores ARS privadas se dedicó a conquistar a los afiliados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), que pasaron a integrar la desaparecida ARS estatal Salud Segura, que era entonces la mayor del sistema.
Mediante esa sangría, perpetrada ante la vista complaciente de las autoridades del IDSS en el gobierno de Mejía, la ARS privada en cuestión, aumento en gran medida su cartera de afiliados
Pero he aquí que precisamente esa ARS privada se ha caracterizado por denegar servicios a sus asegurados y excluir a pacientes en contradicción con el mandato de la Ley de Seguridad Social.
Posteriormente, la ARS Salud Segura fue disuelta y sus afiliados traspasados al SENASA.
Con la llegada del PLD nuevamente al poder, con el Presidente Leonel Fernández al frente, el Estado inicio los aprestos para cumplir lo establecido y lo que conviene a la población, que todos los servidores públicos estén en SENASA.
Sin embargo, la resistencia sostenida de los intereses privados, quienes han desconocido y recurrido todas las sentencias que solo validan la Ley en vigor, ha llevado la instancia hasta el Tribunal Constitucional, que acaba de pronunciarse con la ratificación del mandato.
La alta corte declara inadmisible el recurso de amparo interpuesto por las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) Humano, La Colonial, La Monumental, Meta Salud, Futuro y Renacer, opuestas a que los empleados públicos, descentralizados y autónomos sean afiliados a la aseguradora del Estado.
Se exceptúan a los trabajadores que pertenezcan a sindicatos o gremios con ARS auto gestionadas, quienes podrán escoger o no ir a SENASA; los que están pendientes de una solicitud de afiliación en otra ARS; a los que no se les ha vencido el tiempo reglamentario de cotización y los que están en tratamiento por enfermedad catastrófica.
Utilidades mejorarán servicios a los afiliados
El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SILSARIL), Pedro Luis Castellanos, saludó la decisión del tribunal y dijo que conviene hacer los cambios de forma paulatina, teniendo en cuenta la situación de cada afiliado.
Las ARD privadas tiene la opción de elaborar planes complementarios atractivos y ofertárselos a los empleados estatales, sobre todo de entidades descentralizadas y autónomas.
Claro que esas empresas confrontan la dificultad de que la mayoría de servicios que ofrecen como complementarios”, es decir, que tienen estándares de calidad y cobertura por encima de los que indica el Plan de Servicios de Salud, ya SENASA los tiene como parte de sus servicios regulares y sin costo adicional.
Como ya vimos, SENASA no reparte utilidades, y por tanto sus beneficios están destinados a mejorar la calidad y cobertura de sus servicios.
Además, esta entidad es responsable de respaldar las necesidades de cobertura de millones de afiliados en la vertiente subsidiada de sus planes, lo que no tienen que hacer las ARS privadas.
Estas empresas sustentan el principio de la libre elección para avalar sus pretensiones de seguir manejando la cartera de afilados del sector público, pero tal prerrogativa es incierta.
Y es que en la mayoría de entidades estatales, tanto del gobierno central como en las autónomas y descentralizadas, las compañías han colocado cabilderos que inducen a los empleados, muchas veces sin su consentimiento, mediante ofertas engañosas, a afiliarse a las ARS Privadas con las que esos oficiales mantienen vínculos comerciales.
Desde 2012 las principales aseguradoras de salud han luchado para que los empleados públicos no pasen a la ARS estatal, como dispone la Ley 87-01 en su artículo 31.
En casi todas las instancias, el recurso fue rechazado, pero el Tribunal Superior Administrativo le dio aquiescencia que luego fue revocada en el Tribunal Constitucional que es la última instancia judicial del país.
Esta decisión del tribunal está contenida en la sentencia TC/0573/18. El recurso lo interpuso SENASA en contra de la sentencia número 436/2013 del Tribunal Superior Administrativo.
Su directora, la doctora Mercedes Rodríguez, dice que la aseguradora está lista para afiliar a los empleados públicos, y que desde ya han comenzado a visitar los gerentes de recursos humanos de las instituciones públicas para pedirles que la afiliación sea automática.
El año pasado, más 37 mil miembros de la Policía Nacional pasaron a ser afiliados del Senasa, y desde entonces ellos u sus familiares reciben la cobertura de servicios de salud de la ARS estatal, con gran nivel de calidad y satisfacción.
