La Vicepresidencia de la República, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron este martes el Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes 2019-2023 (PREA-RD).
En la coordinación interinstitucional inciden también los ministerios de la Mujer, Economía y Juventud, el Servicio Nacional de Salud; así como 60 instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y la academia, que se involucraron en la validación del nuevo plan.
Se trata de una estrategia integral multisectorial sobre las principales causas que desencadenan los embarazos en menores de edad como la pobreza, exclusión social, desigualdades y falta de orientación.
El proyecto se apoya en cuatro ejes estratégicos (prevención, atención y respuesta, protección e incidencia política) para lograr que los adolescentes tengan un proyecto de vida, reciban educación sexual, permanezcan en la escuela, a pesar de estar embarazadas o si tienen hijos, que accedan a servicios de salud de calidad y métodos anticonceptivos.
La guía, dada a conocer en una actividad encabezada por la vicepresidenta en funciones, de presidenta, Margarita Cedeño, responde a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Incluye políticas públicas interinstitucionales e intersectoriales, programas y proyectos con enfoque de equidad y género, que responden a las necesidades, expectativas y talentos de la población joven. Busca bajar la prevalencia de madres a temprana edad, que en el país sobrepasa el promedio de América Latina, con 22.3 por ciento de los nacimientos entre el 2010 y 2015.
La Vicemandataria indicó que como el embarazo adolescente es un tema de alta prioridad en la agenda nacional se creó el PREA-RD para armonizar los planes operativos de las distintas instituciones que inciden en la solución de esa realidad social, reorientar la inversión de los recursos, delimitar responsabilidades de cada actor involucrado, y contar con un mecanismo de monitoreo y evaluación de las metas.
El embarazo adolescente es una realidad reiterada en barrios, comunidades, campos y ciudades, cercenando el futuro de nuestros adolescentes, embargando el porvenir del país, porque no estaban preparadas ni física, ni emocional, ni intelectualmente para traer un hijo al mundo, a quien tendrán poco o nada que entregarles, manifestó.
Mientras que el representante del BID, Miguel Coronado, dijo que las causas del embarazo en adolescentes son diversas y van desde la falta de conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva, el uso inadecuado de métodos anticonceptivos y otros aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, la exclusión social, la pobreza y el acceso a la educación.
“Desafortunadamente existe una fuerte correlación entre el nivel socioeconómico y el comportamiento sexual y reproductivo. Un hogar con mayores ingresos invierte más en el capital humano y por tanto hay un menor riesgo en el embarazo. Por el contrario, hogares con menos ingresos tienen una tendencia de iniciar de manera temprana la fecundidad, como sucede en las provincias del Sur y del Cibao Central”, expresó.
Acciones preventivas
Entre las múltiples medidas están fomentar la participación de menores en actividades de ocio y conocimiento de sus derechos, promover el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la prevención del embarazo, la construcción de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes mediante orientación, creación de capacidades y competencias desde la escuela, comunidad y familia; e incorporar gradualmente los contenidos de Educación Integral en Sexualidad, con base científica, en todos los niveles de los centros educativos.
En atención y respuesta se plantea la necesidad de garantizar la permanencia y reinserción en la escuela de chicas embarazadas o que ya son madres; así como su acceso a la protección social [Seguro Nacional de Salud (Senasa), programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y otros].
Otra de las acciones es ampliar la disponibilidad de programas de formación vocacional para menores de edad con plazas aseguradas.
En cuanto a la protección, se impulsará la promoción de mecanismos de detección y denuncia de los casos de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para dar una respuesta al embarazo precoz vinculando las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Respecto a la estrategia de incidencia, una de las tareas es promover desde los medios de comunicación información sobre los derechos de los adolescentes, incluyendo los de salud sexual y reproductiva, y de protección social integral para su garantía y desarrollo pleno, según las actuales leyes y convenciones internacionales.
Las entidades involucradas también trabajarán para lograr la adecuación de las normativas jurídicas civiles y penales para prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en los casos de conculcación de derechos a niñas y adolescentes.
Además, la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva y sus reglamentos, incluyendo prevención, atención y respuesta al embarazo en menores e impulsarán políticas y protocolos del segundo y tercer embarazo en adolescentes.
Establecer acuerdos entre instituciones gubernamentales, de formación técnica y empresas privadas para el apadrinamiento de programas educativos de desarrollo vocacional, intercambios nacionales, internacionales y de educación continuada; incorporar en los programas preventivos el componente de salud sexual y reproductiva, y desarrollar acciones de sensibilización e información sobre habilidades para la vida en Prosoli e Inaipi, son ejecutorias planteadas.
Otras medidas serán desarrollar los proyectos de colocación de condoneras de libre dispensación y acceso individual a nivel local (salones de belleza, colmados, bares, terrazas, entre otros), adecuar los espacios de estudio (aulas y pupitres) para adolescentes embarazadas y habilitar espacios en las escuelas para amamantar en condiciones de seguridad (compartidos con maestras, personal de apoyo en situación de amamantamiento).
PREA-RD
El nuevo Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes en la República Dominicana parte de un diagnóstico de situación sobre el estado actual de esa problemática, elaborado por un equipo de investigación coordinado por Gloria Ortega, que ejecutaron consultas con distintos sectores, incluyendo los adolescentes. El estudio toma en cuenta fuentes secundarias, datos cuantitativos y cualitativos y las evaluaciones realizadas al “Plan Nacional de Prevención 2011-2016” (PlanEA).
Otros datos que destacan en el PREA-RD, y por lo cual el embarazo adolescente es una prioridad gubernamental, es que la República Dominicana es considerado un país de ingreso medio alto, sin embargo, la tasa de fecundidad de 74.4 para edades específicas (15 a 19 años) se comporta más próxima a la de países de ingreso bajo. En cuanto a la prevalencia por zona de residencia, las cifras de embarazadas alcanzan 19.6 por ciento en zona urbana y el 23.1 en la rural.
Uno de los factores que inciden en el embarazo precoz es la unión temprana, en lo que el país ocupa el primer lugar, con 12 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años casadas o unidas antes de los 15 años y 36 por ciento antes de los 18. En el quintil más pobre ese porcentaje es del 51.7 entre 15-19 años. El promedio regional es de 29 por ciento de matrimonios infantiles.
La Comisión Interinstitucional para la Reducción del Embarazo en Adolescentes 2019-2023 estará conformada por 27 instituciones estatales, 10 organizaciones no gubernamentales (ONG), nueve agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de cooperación internacional y 11 universidades, sociedades científicas y gremios.
