Hablan los hechos

La percepción y la seguridad ciudadana

La percepción, en términos de seguridad ciudadana, es tan importante como la realidad de implementar políticas efectivas para garantizarla, ya que si un ciudadano no se siente seguro en la sociedad en que se desenvuelve, no lo estará en efecto.

Se trata de un desafío evidente para las autoridades, ya que aunque las estadísticas muestran una reducción en los índices de violencia y mejoría relativa en el combate a la delincuencia, los sondeos de opinión reseñados en los medios de comunicación y en las redes sociales muestran que un gran porcentaje de la población percibe un incremento de la delincuencia.

Es decir, que no solo se trata poner frente al reto de garantizar la seguridad ciudadana, por la obligación de preservar vidas y bienes de los ciudadanos, en primer lugar y por su incidencia en el desarrollo económico y social, sino identificar los factores que gravitan en la expansión de la sensación de inseguridad y por tanto, poder revertir sus efectos y trasmitir confianza a la sociedad.

No obstante, resulta difícil establecer claramente la línea que diferencia a la seguridad real de la percibida, pero hemos de estar claros en que el equilibrio positivo entre uno y otro indicador representa un activo de gran valor a perseguir.

En el ámbito de la región, la violencia se expresa como un problema de gran magnitud y en expansión, que es enfrentado mediante medidas represivas y penales por las respectivas autoridades, pero que en la mayoría de casos no presentan avances notables en su combate.

La República Dominicana, por ejemplo, requiere transformar sus esquemas de prevención basados en la vigilancia policial tradicional.

La región necesita reemplazar el modelo reactivo habitual, basado en patrullajes rutinarios y respuesta a emergencias, para migrar a un abordaje proactivo que consiga anticiparse al crimen y al delito.

Igualmente, implementar una mayor transparencia sobre el gasto en seguridad, de modo que se identifiquen los renglones que conllevan una mayor inversión y monitorear sus resultados y así saber claramente cuales son la relación costo-eficiencia y costo-beneficio.

La mayoría del pueblo dominicano identifica el déficit de seguridad ciudadana como el principal problema de la nación y perciben un incremento marcado en las cifras de robos, homicidios y violencia de la sociedad.

En tanto, algunos observadores se empeñan en vincular el crecimiento económico con el alza en las tasas de criminalidad, cosa que está por demostrarse.

Lo cierto, empero, es que el segmento más afectado por este auge son los jóvenes, pues una proporción de ellos son captados por las bandas criminales, sobre todo, quienes vienen de hogares disfuncionales y carenciados.

Están expuestos en mayor medida al alcohol, las drogas y deben ser orientados para prevenir que deriven en delincuentes y homicidas.

En tanto, los sectores sociales más altos, así como las empresas, se ven compelidas a contratar servicios privados de seguridad. Estadísticas indican que en América Latina las empresas de seguridad privada crecen a un ritmo de 10% anual.

Pero en nuestro país, además de recurrir a la vigilancia particular, es común entre los sectores más prestantes, agenciar el uso de agentes de seguridad pública, tanto policías como militares, con lo que afectan la disponibilidad de este personal en las labores para las que están destinadas constitucionalmente. Y por las que reciben un salario del Estado que no honran.

La percepción de inseguridad es un factor que perjudica a la encomia de manera sensible, ya que ahuyenta al turismo, mientras que los residentes en la nación se sienten intimidados para salir a las calles a divertirse, comprar o cumplir sus responsabilidades.

Naturalmente que esa reducción del flujo de personas que salen a las calles se refleja directamente en una disminución del comercio y de la actividad económica en general.

En cambio, alcanzar el éxito en el control de la criminalidad, representa una garantía para el estado de derecho, las libertades públicas y genera grandes inversiones para la economía del país.

Y es que el déficit de seguridad ciudadana es un problema de derechos, no solo por amenaza a la integridad física de las personas, sino porque disminuye radicalmente la posibilidad de disfrutar de otros derechos de manera plena, como educación, libre tránsito, socialización y recreación.

Mediante una labor sostenida de creación de conciencia, es posible reducir la incidencia del delito y la violencia social, ya sea mediante la instalación de cámaras en lugares estratégicos, capacitar y asistir a personas y grupos vulnerables y una mayor vigilancia en carreteras y centros urbanos.

Es primordial y urgente emprender una acción mancomunada contra el auge del delito, ya que constantemente la población es incitada a tomar la justicia en sus manos, pero lo que corresponde es apoyar a las autoridades en procura de establecer un clima estable de seguridad ciudadana.

Noticias Relacionadas