El abordaje de la problemática que envuelve los delitos informáticos nos lleva casi siempre a ubicar el radio de acción de esta actividad en el ámbito económico, a tal punto que expertos en la materia han afirmado que “esta actividad supone un costo para la economía mundial superior a los 600 millones de dólares, moviendo cada año mas dinero que el narcotráfico, el contrabando de armas, la trata de blanca o cualquier otra actividad delictiva generadora de ingresos”.
Partiendo de esta realidad, resulta ilusorio pensar que el dominio de acción de estos delitos se limita de manera exclusiva al ámbito económico. En efecto, denuncias respecto recientes acontecimientos nos revelan como el ciber crimen han migrado desde el ámbito económico, al campo político impactando no solo las instituciones y herramientas propias de los sistemas de elecciones, sino también a los propios electores.
En el ámbito local, hemos sido testigos del entusiasmo mostrado por los integrantes de la Junta Central Electoral, quienes en la búsqueda de consenso, se han embarcado en demostrar las bondades que la tecnología del voto automatizado supondría para el proceso electoral venidero, y la democracia dominicana. Destacándose entre ellas la idea de que con la implementación de este sistema, el voto del elector será auditado, y una vez ejercido el sufragio este obtendrá un comprobante de votación; a la cual se agrega el hecho de que, al sistema de voto automatizado no estar conectado al internet con ello se descarta la posibilidad de determinar la forma en que el elector ejerció su derecho al voto.
Tocado por el entusiasmo de los regentes de nuestro organo electoral, debo confesar que me sedujo la idea de contar con un sistema automatizado de votación que nos libere de las angustias y traumas de pasados procesos electorales, los cuales es justo admitir, hemos ido superando a fuerza del avance y madurez de nuestra democracia. Sin embargo, el estado de fascinación que produce la posibilidad de implementación de este sistema, no nubla nuestra óptica, para ver que la delincuencia en sentido general siempre está varios pasos por delante de las autoridades; y que esta realidad en modo alguno no escapa a los procesos electorales.
A sabiendas que la criminalidad informática impacta tanto a las órganos encargados de organizar las elecciones como a los propios electores seria deseable que al lado de las bondades que el sistema automatizado de votación pudiera aportar a la democracia dominicana nuestras autoridades electorales “se artillen” con las herramientas tecnológicas y legales suficientes que permitan blindar la eficacia no solo de este novedoso sistema de votación, sino también del proceso electoral mismo.
Consiente de que la preservación del secreto del voto es una prerrogativa con rango constitucional, la realidad que nos revela la ciber delincuencia en materia electoral va mas allá de esta loable pretensión.
En efecto, las acechanzas que se posan sobre las elecciones, la mas excelsa expresión de democracia, hoy abarcan diversas formas de sabotajes perpetradas de hackers contra el sistema de cómputos de los órganos encargados de la gestión de los procesos electorales con la finalidad de minar la credibilidad de los resultados, el robo de información, espionaje a partidos políticos, software para influenciar los electores en base al padrón electoral y las redes sociales y lo que es peor la divulgación de noticias falsas a través de las redes sociales, con la aviesa intención de la posibilidad de dirigir la intención del voto hacia un candidato determinado.
La realidad de la criminalidad cibernética supone un reto para nuestras autoridades electorales, el cual no puede ser despreciado en función de nuestra particular situación, muy por el contrario debe ser profundamente considerado, pues si el costo de la criminalidad cibernética resulta impactante para la economía, también es de vital importancia la ponderación del costo político que supondría para la democracia dominicana la afectación de los resultados electorales a través de esta nueva modalidad criminal.
