Un manifiesto firmado por dirigentes de seis partidos opositores brasileños repudia la determinación del presidente Jair Bolsonaro para que las Fuerzas Armadas conmemoren el golpe militar que un día como hoy, pero de 1964, se perpetró en el país.
«Los partidos políticos abajo signatarios manifiestan su perplejidad con la desfachatez con que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, adopta como jefe de Estado, al escalofrío de la Constitución y de la Ley, el discurso de alabanza de ese régimen de excepción que marcó su actuación como parlamentario y candidato», indica la nota.
Suscriben el texto los líderes políticos de partidos Gleisi Hoffmann (de los Trabajadores (PT); Luciana Santos, Comunista de Brasil (PCdoB); Carlos Lupi, Democrático Laborista (PDT); Carlos Siqueira, Socialista Brasileño (PSB); Juliano Medeiros, Socialismo y Libertad (PSOL); y Edmilson Costa, Comunista Brasileño (PCB).
En el comunicado, los firmantes rechazan la convocatoria por Bolsonaro «de actos de desagravio al régimen militar y los peores verdugos de la democracia producidos en aquel período (1964-1985)».
Los dirigentes partidistas manifiestan no aceptar que «cualquier institución de la República» promueva el revisionismo histórico y descuide la verdad de los hechos relacionados con la dictadura militar.
Afirman que «se asocian a los actos convocados en todo el país por la democracia, el Estado Democrático de Derecho, los derechos humanos y el derecho a la memoria, a la verdad y la justicia».
De igual manera se hermanan a «las víctimas de la dictadura, sus familias y entidades representativas, en la denuncia de su sufrimiento y su lucha por la reparación».
La víspera, la Abogacía General de la Unión (AGU) informó que la jueza María do Carmo Cardoso, del Tribunal Regional Federal de la primera región, derribó la decisión de la primera instancia que prohibió las conmemoraciones por el aniversario de 55 años del golpe de Estado de 1964.
Con su determinación, Do Carmo Cardoso abatió el fallo de la jueza Ivani Silva da Luz, de la corte federal de Brasilia, quien el viernes prohibió la evocación de la asonada de hace 21 años tras un pedido de la Defensoría Pública de la Unión.
El complot militar de 1964 depuso el 31 de marzo de ese año al presidente João Goulart, legítimamente elegido por el voto popular y, según el Ministerio Público Federal, ese hecho resultó una «ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional».
Según la Fiscalía, el golpe instauró «un régimen de restricción a los derechos fundamentales y de represión violenta y sistemática a la disidencia política».
El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, entregado en 2014 a la presidencia de la República, responsabiliza a 377 agentes como responsables directa o indirectamente por la práctica de tortura y asesinatos durante el régimen militar que causó 437 muertes.
Partidos, organizaciones sociales y sindicatos convocaron a manifestarse este domingo en todo el país para repudiar el golpe y recordar a las víctimas de la dictadura.
