Opinión

Cuando el manejo de la política económica establece la diferencia

Venezuela y Bolivia forman parte de la Alianza Bolivariana para América, ALBA,
organización regional, fundada en 2004 por iniciativa de Cuba y Venezuela, integrada
por varios países de América Latina, que tiene como uno de sus propósitos la lucha
contra la pobreza y la exclusión social. El ALBA surgió como una contrapartida al
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, promovido por Estados Unidos.

Si bien es notoria la coincidencia de Venezuela y Bolivia en las posiciones de política
internacional, existen, sin embargo, diferencias importantes en cuanto al manejo de la
política económica y sus consecuencias sociales.

Con Bolivia podemos ver los siguientes resultados: entre 2006 y 2018, periodo en que
ha ejercido el poder Evo Morales, la economía creció a una tasa promedio anual de
4.9%, lo que permitió que el PIB per cápita, medido en paridad de poder de compra, se
incrementara de 4 mil 836 dólares en 2006 a 7 mil 57 dólares en 2018, representando
esto un crecimiento de un 46% en ese periodo. Bolivia mantuvo una estabilidad relativa
ya que la tasa de inflación promedio anual en esos años fue 5.4%. Este país acumuló
importantes superávits fiscales entre 2006 y 2013, y si bien entre 2014-2018 se
acumularon importantes déficits fiscales, el hecho de haber ahorrado durante los años de
la bonanza de los altos precios de las materias primas, le ha permitido mantener la
estabilidad y reducir el nivel de la deuda pública que cayó de 54.4% del PIB en 2006 a
50.6% en 2018. Dado el buen manejo de la economía, la tasa de desempleo se redujo de
8% en 2006 a 4% en 2018 y el nivel de pobreza descendió de 59.9% en 2006 a 36.4%
en 2017.

Contrario a Bolivia, la economía de Venezuela, en el periodo 2006-2018, gobernado por
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, decreció a una tasa promedio anual de 2.2%,
produciéndose una reducción del PIB per cápita de 16 mil 379 dólares en 2006 a 9 mil
743 dólares en 2018, para una reducción de un 40% en el periodo indicado. La tasa de
inflación, promedio anual, fue 105,516%, lo que significa que Venezuela está inmersa
en un proceso hiperinflacionario y, en ese marco, su moneda ha perdido la capacidad de
desarrollar sus tres funciones: ser unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva de
valor. El país ha operado con importantes déficits fiscales desde 2006 y el Fondo
Monetario Internacional ha proyectado que en los últimos tres años estos déficits han
superado el 30% del PIB. Como los ingresos fiscales han sido menores que los egresos,
el gobierno venezolano ha obligado al Banco Central a emitir dinero para pagar los
gastos que el Estado no puede cubrir con sus ingresos o emitiendo deuda. Este proceso,
que se llama monetización del déficit fiscal, es una de las principales causas de
fenómeno hiperinflacionario que vive Venezuela. El resultado: empobrecimiento de la
población. En 2006, un 33.1% de la población venezolana se catalogaba como pobre; en
2017 el nivel de pobreza ascendió a 87.1%, y esto explica porque en un reciente informe
del Banco Mundial se señala que Venezuela vive “la peor crisis en la historia moderna
de la región”, proyectando una contracción del PIB en este año de un 25% adicional a la
caída del año pasado que fue 17.7%.

Resumiendo: no se puede relajar el manejo de la economía, que es lo que ha ocurrido en
Venezuela, en contraste con el manejo responsable de los bolivianos.

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