Opinión

Normalmente suele creerse que el riesgo político se limita a los países de economía emergente, pero resulta que esto sigue siendo una media verdad, ya que éste existe en todas partes de manera progresiva. Las calificadoras de riesgo ponderan los factores políticos como variable de contexto para analizar el riesgo país, a lo se les asigna una valoración similar al riesgo económico, cuya sumatoria constituyen el 50%.

El riesgo político hace referencia a la probabilidad de que un evento político afecte el clima de negocios para una determinada iniciativa de inversión.

En la actualidad, en América Latina la mayor incidencia del riesgo político se está originando en la violación a las normas constitucionales mediante reformas que procuran la extensión de los períodos gubernamentales de una manera atropellante, utilizando como mecanismo a los organismos institucionales como forma de legitimar esas pretensiones.

En el contexto del riesgo político se producen inestabilidad del gobierno, causada por problemas socioeconómicos que aceleran la expansión de la pobreza, desempleo y conflictos laborales, desaceleración económica y altos niveles de inflación. Obviamente, esto genera un incremento en las tensiones políticas fruto de las discordancias entre facciones políticas, intentos de golpe de Estado, trastornos y debilidad institucional.

Las evidencias empíricas demuestran que el riesgo político, estimulado por la quiebra constitucional, es desfavorable para la estabilidad macroeconómica e incide en la fuga de capitales extranjeros ante el temor de que se generalice una inseguridad jurídica que conduzca a un riesgo de transferencia, derivado de la imposibilidad de repatriar capital e intereses debido a la situación económica y política de un país, esto se conoce como macro riesgo político. Por igual, se pueden generar micro riesgo político cuando se afectan determinados sectores de la economía o empresas extranjeras por la intervención gubernamental.

La retaliación a los negocios y en el sistema político es un elemento devastador para un ambiente de estabilidad, por lo que corresponde al gobierno promover un clima de confianza y cohabitación entre los diferentes actores políticos y económicos. Sin lugar a dudas, esto daría una buena imagen del gobierno ante las calificadoras de riesgo, en caso de que se implemente alguna medida político-económica que tienda a afectar un determinado sector específico.

El detonante del riesgo político engendra tensiones económicas y políticas que solo conduce a un futuro incierto, que tiende a agravarse en la medida que los indicadores de la democracia se deterioran, fruto de que se incurre en violaciones a las normas constitucionales y a la seguridad jurídica. Tal situación construye un panorama económico y político lleno de fragilidad que perturba la cohabitación, lo que se traduce en que un país o zona se convierta en vulnerable, que impacta en la confiabilidad crediticia y el riesgo político como elementos fundamentales de la economía. En la actualidad, Argelia, Venezuela y Haití son un ejemplo de referencia para desactivar el riesgo político y económico potencial. Se trata de que se pueda pasar del reclamo al respeto a la Constitución al reclamo a la renuncia de un Presidente, lo que es un agravante del riesgo.