Las políticas públicas orientadas a contribuir con el incremento del bienestar de la humanidad, cada vez tienen mayor justificación a través del área de la salud, por ser esta de una demanda masiva entre la población.
Desde la perspectiva de la teoría económica, la irracionalidad práctica del ser humano legitima la intervención del Estado en el ambiente de la salud, en virtud de que se trata de un bien tutelar al que hay que proteger.
A escala global son mayores los esfuerzos en promover la economía de la prevención, en particular en la salud, lo que en la práctica está favoreciendo las buenas decisiones en políticas de salud pública.
Bajo ese esquema, el razonamiento económico, como mecanismo de prevención, está siendo aplicado al beneficio-riesgo para las enfermedades abundantes en las personas, obligando a los gobiernos a definir mayor partidas presupuestarias en el ámbito sanitario.
En pleno siglo XXI, el diseño óptimo de zonas saludable del futuro no ha de fundamentarse en minimizar el riesgo de las enfermedades transmisibles, sino en minimizar los incentivos para que las personas desarrollen comportamiento saludables, para lo cual la intervención del Estado es determinante. Es por tales razones que el paradigma de la salud en todas las políticas es fundamental para abordar los problemas de salud y ambiental.
Últimamente se observa en el sector sanitario un creciente interés por la economía de la salud, esto así ya que no es posible imaginar ninguna estabilidad política o crecimiento económico sin que el bienestar se extienda a la sociedad en su conjunto, es decir, sin que las coberturas de salud y las oportunidades sociales sean iguales para todos. Se trata de que la economía de la salud integre las teorías económicas, sociales, clínicas y epidemiológicas a fin de estudiar los mecanismos y factores que determinan y condicionan la producción, distribución, consumo y financiamiento de los servicios de salud.
Se ha comprobado que la pobreza y la salud están vinculadas, siendo evidente que los pobres tienen más problemas de salud y que si se eliminaran las condiciones sanitarias desfavorables que afectan a los sectores pobres, la productividad de estos mejoraría. En la medida en que aumentara el ingreso, la esperanza de vida también aumentaría y las tasas de mortalidad infantil se reducirían, lo que se traduce en un factor que tiene un profundo impacto sobre los indicadores de salud.
Para que se tenga una idea de la importancia de la economía de la prevención, solo habría que ponderar los cálculos de los economistas que demuestran que un mundo sin poliomielitis representa un ahorro anual en costos de vacunación de $US 1 500 000 y que una sola inversión de $370 000 000 redundará en ahorros de $1,5 mil millones anuales por tanto tiempo como sea imaginable. Por igual, en la actualidad, el producto interno bruto (PIB) de África sería probablemente de unos $100 000 millones más si la malaria hubiera sido controlada hace 30 años, cuando se aplicaron las primeras medidas eficaces de control.
La economía de la prevención sugiere la presencia de una planificación sanitaria basada en las necesidades de salud sentidas por la población y en su situación de salud, teniendo en cuenta que la salud obedece a múltiples causas y se ve influida por factores determinantes de índole socioeconómica, el estilo de vida y la organización de los servicios de salud. También existen otros factores que no dependen del sistema sanitario, tales como las posibilidades de financiamiento, las necesidades y problemas sociales, y el grado de desarrollo tecnológico prevaleciente.
Es importante resaltar que la tecnología sanitaria desempeña un papel determinante en la calidad de los servicios médicos y en su costo, la cual abarca los instrumentos, técnicas, equipos, dispositivos, medicamentos, procedimientos médicos y quirúrgicos, programas sanitarios y sistemas de información destinados a prevenir, diagnosticar y tratar afecciones específicas, a rehabilitar a quienes las padecen. En adición, está la premisa de que los recursos son limitados y las necesidades siempre crecientes, también habrá que realizar, en lo referente a la tecnología sanitaria, una búsqueda permanente de la mejor relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos.
En la actualidad, el marcado aumento de los costos de las tecnologías sanitarias y la creciente presión por disminuir los presupuestos destinados a la salud en la mayoría de los países han llevado a la necesidad de evaluar el empleo de los medicamentos no solamente en términos farmacoterapéuticos, sino de su impacto económico y social, sin dejar de lado los aspectos técnicos y científicos relacionados con su eficacia, inocuidad y calidad. Con tal propósito, la evaluación farmacoeconómica compara las propiedades terapéuticas de distintos medicamentos y otras formas de tratamiento y los costos de usarlos como métodos alternativos, así como la factibilidad de aplicar conceptos económicos de costo-beneficio para tomar decisiones en el sistema sanitario.
Sabemos que el gasto público en salud de un país se considera una sobrecarga económica, como así también una deuda para el crecimiento económico y el panorama económico en general. Las inversiones en el cuidado de la salud benefician directamente el crecimiento económico de los países, lo que significa que un pais saludable implica una economía más eficiente y dinámica.
En los países de América resulta cuestionable que muchas personas sigan sin tener un acceso real a los servicios de salud y que este déficit de cobertura se produzca en medio de una restricción considerable de los recursos disponibles para el sector, lo que se traduce en un gran desafío para la capacidad de organización y gestión de los sistemas nacionales de salud.
Resulta inadmisible que America latina exhibiendo tasas apreciables de crecimiento económico, se observen cifras desalentadoras tales como que un 29% de la población vive aún por debajo del umbral de pobreza y el 40% recibe menos del 15% del total de los ingresos, que un 30% de la población no tiene acceso a atención de salud debido a razones económicas y que un 21% renuncia a buscar atención debido a las barreras geográficas.
A los Gobiernos del siglo XXI les corresponden la responsabilidad de lograr la cobertura sanitaria universal de cara al 2030, con el objetivo de transformar el sistema de salud y el bienestar de los individuos y las sociedades. Se trata de que la cobertura sanitaria universal signifique que todas las personas pueden obtener los servicios médicos de calidad que necesitan sin tener que pasar por dificultades económicas.
Es obligatorio e inexcusable que los gobiernos implementen políticas de salud integral para garantizar las condiciones en las que las personas pueden ser saludables y que los servicios asistenciales sanitarios sean posible para que la población puedan gozar de buen estado de salud. La garantía de que haya condiciones en las que las personas pueden mantener o mejorar la salud requiere que esta se considere en el conjunto de las políticas de gobierno, sin postergación.
