El Ministerio Público pidió hoy 36 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, investigado por negocios ilícitos con la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro, en la década anterior.
La medida fue planteada en una audiencia sobre la detención preliminar a la que el exgobernante está sometido, por decisión de un juez que el pasado miércoles la ordenó también para la secretaria de Kuczynski, Gloria Kisic, y su chofer, José Beranola.
La solicitud se ventilará mañana en una audiencia de la primera sala penal de apelaciones especializada en delitos de corrupción y la prisión planteada es similar a la que desde octubre pasado cumple la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, en ambos casos de fondos recibidos de Odebrecht.
Ante el nuevo pedido, que causó irritación al abogado de Kuczynski, César Nakazaki, la fiscalía pidió que no continúe la audiencia sobre la detención preliminar, lo que fue rechazado por el juez Juan Piscoya.
En la audiencia, Kuzcysnki y sus colaboradores y presuntos cómplices coincidieron en negar los cargos y el exgobernante se lamentó de su situación y se quejó de que sus cuentas hubieran sido congeladas, por lo que carece de fondos.
El hombre de negocios y político que dejó la nacionalidad estadounidense para ser candidato en 2016 a la presidencia del país en que nació, dijo que es una vergüenza que, habiendo sido mandatario, sea tratado de manera que consideró indignante.
Según la fiscalía, Kuczynski recibió cerca de cinco millones de dólares por pagos de Odebrecht por consultorías financieras realizadas por las empresas Westfield Capital y First Capital, ambas propiedad del hoy expresidente.
Las consultorías, a decir de la fiscalía y una comisión parlamentaria investigadora, estaban referidas a proyectos de obras para las que Odebrecht fue contratada cuando Kuczynski era ministro del gobierno del neoliberal Alejandro Toledo (2001-2006), hoy fugitivo y señalado como receptor de un millonario soborno de la citada empresa.
Las pesquisas citadas establecieron que los pagos de Odebrecht a las citadas empresas terminaron en cuentas personales de Kuczynski, quien como ministro de Toledo tomó decisiones o influyó sobre las mismas, para facilitar la contratación de Odebrecht para realizar las obras materia de las consultorías.
El tema generó una situación política de virtual acorralamiento a Kuczynski, quien se vio obligado a renunciar en marzo de 2018 y desde entonces es sometido a una investigación de la fiscalía.
