Sin llegar a la histeria, como se ha insinuado en los medios de comunicación formales y redes sociales, si existe cierta incertidumbre e indecisión en la militancia del Partido de la Liberación Dominicana con las dos medidas en materia electoral adoptada la semana pasada.
Se trata de la resolución de la Junta Central Electoral sobre el voto preferencial, que han tipificado como voto de arrastre y la sentencia del Tribunal Constitucional que modifica un párrafo de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Sobre las dos decisiones de sendos organismos estatales se han expresado profesionales del derecho, que a su vez son dirigentes nacionales del PLD, con enfoques jurídico-políticos del tema que generan orientación en las dudas generadas, no obstante recordar el mandato estatutario que establece correspondencia al Comité Político para “tomar las decisiones de lugar en todos los casos que, a su juicio, puedan afectar la vida del Partido e informar de ellas al Comité Central”.
Como en situaciones anteriores que han creado incertidumbre, se impone el dialogo razonable, siguiendo una dilatada tradición en el Partido de la Liberación Dominicana, que marca la diferencia con otras fuerzas políticas en las que si ha primado la confrontación a la vocación al dialogo.
No es que no se tenga diferencia, el PLD ha fraguado sus dirigentes encausando correctamente los desacuerdos con métodos de trabajo y disciplina, de lo que se trata es que las contradicciones incorrectamente encausadas complican la dinámica partidaria y alejan las relaciones personales.
Estrenando disposiciones legales que marcan nuevas pautas, con plazos legales para el cumplimiento inmediato, se hace razonable entender las incomprensiones en la militancia partidaria; las que se sabrán encausar mediante el razonamiento juicioso y el dialogo productivo. Establecido está, que hablando la gente se entiende.
