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La Fiscalía mantuvo hoy la acusación de rebelión contra nueve de los 12 líderes separatistas de Cataluña procesados por su papel en el frustrado intento de secesión de esa comunidad autónoma española, en octubre de 2017.

En sus conclusiones definitivas, presentadas este miércoles ante el Tribunal Supremo (TS), el Ministerio Público consideró probada la existencia de violencia durante el proceso soberanista que culminó con una declaración unilateral de independencia en esa región.

De esa manera, ratificó su petición de 25 años de cárcel por rebelión y malversación para el exvicepresidente de la Generalitat (gobierno catalán) Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace más de un año y medio.

Tras 16 semanas de sesiones del juicio en el TS, la Fiscalía mantuvo además el cargo de rebelión, que implica un «levantamiento violento», contra otros ocho acusados encarcelados de manera provisional.

Para el resto de los encausados por el proceso soberanista, que culminó el 27 de octubre de 2017 con la proclamación de una República catalana, declarada ilegal por la justicia española, la Fiscalía requirió también duras sanciones, que oscilan entre los siete y 18 años de cárcel.

Además de ratificar su postura, solicitó al Supremo que sin son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena.

Esa medida impediría al Ejecutivo autonómico de Cataluña (que tiene las competencias penitenciarias) aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

La inclusión del delito de rebelión es controvertida y las defensas la rebaten de forma enérgica, al sostener que únicamente los cuerpos policiales recurrieron a la violencia durante la operación para impedir el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Un relato rechazado igualmente por el movimiento independentista, que por el contrario denunció la violencia policial durante la jornada del referendo, cuando las imágenes de uniformados reprimiendo a votantes inermes dieron la vuelta al mundo.

Diversos juristas y políticos de todas las tendencias ideológicas sostienen que en Cataluña no puede hablarse de intento de golpe de Estado porque no se usó la fuerza, como argumentan de manera reiterada los partidos derechistas Popular y Ciudadanos.

En opinión de esos entendidos, durante la fracasada declaración unilateral de independencia no se emplearon armas ni se llamó a la lucha armada o violenta.

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