Hablan los hechos

Han transcurrido 10 años del fatídico golpe de Estado del 2009 que empujó a la Republica de Honduras a una crisis política que agudizó la debilidad institucional que permitió vulnerar la democracia e implementar fuertes ajustes económicos de corte neoliberal. La debilidad institucional a la que se arrastró al pais centroamericano generó una situación mucho peor cuando en el año 2015 la actual administración impuso, mediante mecanismos cuestionados, que la corte constitucional diera apertura, por primera vez, a la reelección presidencial en una democracia que apenas se conoce desde principio de la década de los 90s, luego de regímenes dictatoriales- militares.

La estocada mortal dada a la democracia Hondureña provocó fuertes cuestionamientos y rechazo a unos resultados calificados como de fraudulentos por la precariedad de los mismos, expresados en un 42,98% para el actual presidente, Juan Orlando Hernández, frente a un 41,39% del candidato opositor. La diferencia precaria de 1,6%, en lo adelante daba inicio en Honduras a un clima de mucha tensión tras los resultados de las elecciones
presidenciales del 26 de noviembre de 2017, que en la actualidad se expresa en un repudio generalizado al gobierno

Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con más del 60 por ciento de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza y en la indigencia. En adicion, en las zonas rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema, situación que es incierta para una población muy joven, el 40%, donde predomina la violencia, explicada por una tasa de homicidios más alta de todo el mundo

La desesperanza se profundiza cuando se observa el malestar de la desnutrición, mala infraestructura, corrupción y enfermedades infantiles que se encuentran por doquier, especialmente en las áreas rurales donde la gente no cuenta con agua potable o saneamiento. La baja respuestas a las soluciones sociales por parte del gobierno explica en una alta proporcion el hecho de que para el presente 2019 hayan ingresados 110 mil nuevos pobres expresando la poca efectividad de la politica publica para contrarrestar el flagelo de la desigualdad.

Como se sabe, al hablar de los acontecimientos políticos como fenómenos aislados de la vida económica de un país resulta irrisorio y difícil de entender. Pues la hecatombe económica de un país muchas veces, o quizás siempre, está relacionada con las decisiones que se toman en el seno del poder político

Bajo esa línea de análisis, la incertidumbre y la falta de certeza en cuanto a los resultados electorales y las señales de autoritarismo del gobierno de Juan Orlando Hernández, desataron un conjunto de hechos que han desacelerado y frenan el crecimiento económico de ese pais como lo evidencian los últimos tres años. Pero hablar de bajo crecimiento económico se corresponde con el atropello a la que fue sometida la carta magna, lo cual auspició un ambiente de zozobra e incertidumbre de tal magnitud que la inversión privada ha disminuido de manera significativa debido al alto riesgo que ha conllevado la extensión del periodo Constitucional, lo que ha provocado una elevada tasa de desempleo.

El golpe de Estado del 2009 en Honduras unido a la violación Constitucional puso en evidencia la fragilidad democrática, a pesar de casi tres décadas ininterrupidas de elecciones y las dificultades para la consolidación institucional en un país golpeado por la desigualdad y la pobreza. No obstante, esto permitió el surgimiento de un inédito movimiento de resistencia, y sin un único liderazgo, que ha ganado fuerza y capacidad de articulación en la lucha contra el actual gobierno, lo que ha gestado una crisis politica cuyos alcances parecen impredecibles.

En el presente 2019, Honduras transita los mismos desafíos económicos, políticos y sociales de años previo al golpe de Estado y la violación a la Constitucion del 2015, los cuales se expresan en una insuficiencia dinámica de la economía, en un gobierno que ha perdido toda credibilidad y con una situación social marcada por los altos niveles de desempleo y pobreza. En este sentido, la vinculación entre economía y política es más cercana de lo que se cree y el gobierno se convierte en un obstáculo para el crecimiento económico y el mejoramiento de la situación social

La violación a la norma Constitucional en Honduras ha tenido como consecuencias un comportamiento económico enrarecido en lo que se refiere al crecimiento económico, la inflación, el déficit fiscal y la depreciación del tipo de cambio, lo que ha creado un ambiente desfavorable para la atracción de capitales foráneos, situación que ha provocado que este pais se refugie en el ingreso de las remesas familiares. Sin embargo, la vulnerabilidad de esta dependencia ha colocado al pais Centroamericano en una situación de alto riesgo que lo ha obligado a negociar con el

FMI y aplicar políticas de ajustes que impactan de manera negativa en la población mas excluida de la riqueza.Cada vez mas queda demostrado que cuando los países de America latina incurren en la quiebra a la norma Constitucional, en lo inmediato las consecuencias economicas y políticas colocan a los gobiernos en una fragilidad que obligan a recurrir al autoritarismo o son derribados de manera violenta. Tal situación se explica en el hecho de que se entra en una fase de ilegitimidad e incapacidad financiera que se manifiesta en un aumento de la pobreza y desempleo, insoportable carga fiscal, más impuestos, devaluación acelerada de la moneda local, inseguridad, es decir, un deterioro general del pais, por lo que muchas veces se recurre a la fuerza pública para reprimir a la población.

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