Hablan los hechos

Una cierta inquietud me embargó en días pasados, mientras veía en mi hogar la más reciente temporada de la serie televisiva: “Sobreviviente Designado”, la cual suelo recomendar a toda persona que desee incursionar en éste turbulento y desafiante mundo de la política. Y es que su trama se recrea en un ambiente de suspenso que, aun cargado de conspiración y desmedida ambición de poder por parte de influyentes figuras políticas, militares y empresariales, su principal protagonista logra mantenerse a flote amparado en principios éticos que hoy en día nos parecerían obsoletos.

De hecho, es la moraleja que se obtiene de esta serie lo que me ha causado especial interés en la misma, ya que su enseñanza va en sentido contrario a la tendencia actual, donde el público es continuamente bombardeado con espectaculares producciones televisivas que brindan una imagen atractiva de la corrupción, narcotráfico y otros tantos antivalores, que a fin de cuentas contribuyen a inhabilitar la capacidad de asombro de la sociedad.

Lo preocupante es que muchos de estos guiones son adaptaciones de hechos reales, lo que llevado al ámbito político nos hace plantearnos: ¿existe la ética en la política o tiene esta su propia ética?. El tema en cuestión plantea una disyuntiva social y académica que viene de siglos atrás, donde la aplicación de la ética en la política ha sido abordada desde una diferenciación entre lo políticamente conveniente y lo políticamente correcto, que rara vez genera consenso. Sucede que por un lado están los que históricamente han argumentado que la política se basa en un juego de poder, donde predomina quien tenga la capacidad de conquistarlo, mantenerlo y aumentarlo, mientras los otros hacen valer que la política debe estar sustentada en principios éticos que antepongan los intereses generales a los particulares.
En términos genéricos, vale destacar que la ética ha condicionado la conducta humana desde que se comenzaron a formar las sociedades complejas, dotándola de sentido cívico, costumbres y códigos de comportamiento que han perdurado en el tiempo. Al ser vinculada a la actividad política esta ha permitido, al menos bajo el sistema democrático, legitimar la administración del Estado, al tiempo que promueve el sentido de justicia e igualdad.

La idea de aspirar a la continua mejora de la convivencia social, estableciendo de manera consciente un ideal del “deber ser” de cada individuo, es lo que ha llevado a que la política sea vista desde los tiempos de la antigua Grecia como el escenario ideal para la búsqueda del bien común, accionando en ella individuos revestidos de la suficiente autoridad moral para administrar la cosa pública. De ahí que principios como la virtud, la honradez y el sentido del deber, deban ser características propias de todo aquel que incursione en política por vocación.
Ahora bien, pese a su vitalidad, la ética ha sido tradicionalmente un recurso imprescindible a la hora de guiar y condicionar la toma de decisiones a nivel social y estatal, aunque no así el imponerlas. Esto le ha permitido establecer parámetros mínimos socialmente aceptados y regulados por ley, que legitimen los procesos de acceder al poder, de ejercerlo y mantenerlo, a pesar de que los mismos han sido vulnerados reiteradamente sin mayores consecuencias.

El desconocimiento “consciente” de los principios éticos, es lo que ha primado en los casos donde la ambición personal se antepone al interés común, dejando de lado factores como la prudencia, responsabilidad, colaboración, inclusión, sentido de historia, rendición de cuentas y transparencia gubernamental. Lo preocupante es que ha sido evidente a lo largo de la historia, que una política sin parámetros éticos conlleva a un destructivo pragmatismo, que atenta contra el sano desarrollo social.

Sobre este particular ha reflexionado la académica Adela Cortina, quien reflexionando sobre la vinculación de la ética a la política indica que su ausencia implica “dolor humano, desconfianza, mayor gasto público e inseguridad. Una administración pública inmoral genera desconfianza y hace que se dupliquen los gastos ya que se ofertan servicios privados para realizar acciones y labores que deberían ejecutarse desde la instancia pública”.

El problema de la ética en este ámbito, es que suele ser muy citada en tiempos de campaña o por políticos de oposición, que la usan únicamente como recurso retorico para lanzar ataques al gobierno de turno. Sin embargo, una vez en el poder, aunque los señalamientos y sus causales fueran legítimos, el ciclo vicioso se repite y la denuncia “no resuelta” es acogida por un nuevo opositor.

La ausencia de principios es lo que ha degradado recurrentemente la actividad política, llevándola de ser un oficio noble a una actividad ampliamente rechazada por la sociedad, debido a que se ausenta la autocrítica y se da paso a la insatisfacción. Esto ha llevado a la necesidad de abogar por la restauración de la imagen que se tiene del actor político tradicional, toda vez que una sociedad más formada e informada, demanda de personas con vocación de servicio, desprendimiento y pulcritud.

A estas alturas puede resultar muy idealista valorar el consejo de Inmanuel Kant, de que “las personas tienen valor, no precio”, tomando en cuenta el lastimoso desfile de compra de consciencia, transfuguismo y clientelismo político, que han pasado a ser parte de la normalidad de la política latinoamericana. Este mal no ha sido ajeno a la realidad dominicana, donde la falta de ética y escala de valores ha sido un mal que trasciende el ámbito político, permeando el comportamiento social y estableciendo como practica normalizada el que “el fin justifica los medios”.

Aún estamos a tiempo de retomar el rumbo, restableciendo aquellos parámetros éticos que permiten la sostenibilidad del orden democrático y social, que depende de la confianza que pueda generar la clase política y las instituciones estatales, para su legitimización ante el pueblo. Para ello nos quedamos con esta reflexión:

“En los últimos años, la política parece retroceder frente la omnipresencia de otras formas de poder, como la financiera y la mediática. Es necesario relanzar la buena política, su independencia, su capacidad de servir al bien público, de disminuir las desigualdades, promover el bienestar de las familias con medidas concretas, proporcionar un marco sólido de derechos y deberes eficaces para todos”. Papa Francisco.

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