Hablan los hechos

La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, siendo una de sus funciones primarias darle seguimiento a los niveles de alimentación de la población del planeta. Esta entidad multilateral ha declarado que en la actualidad en el mundo existen 842 millones de personas que padecen hambre en el mundo, resultando esta cifra un malestar global que condena a la humanidad en uno de sus peores momentos, máxime cuando en los mercados financieros internacionales se desplazan inmensos volúmenes de capitales que procuran multiplicarse a la mayor velocidad.

En relación a la región de Latinoamérica esta organización, preocupada por la realidad de la alimentación, ha dado a conocer el hallazgo de que 47 millones de personas están subalimentadas. En adición resulta preocupante que en las últimas dos décadas el número de latinoamericanos hambrientos ha oscilado entre 7,9% y 14,7%, cuyos países con índice más alto de sub-alimentación son Haití 49,8%, Guatemala 30,5%, Paraguay 22,3%, Nicaragua, 21,7% y Bolivia con 21,3%.

Aunque la tendencia del crecimiento de la producción agrícola ha sido positiva en las últimas tres décadas, superando ampliamente el crecimiento poblacional y la demanda en América Latina, la seguridad alimentaria y nutricional continúa siendo una preocupación cada vez mayor. Resulta inentendible que la región tenga una disponibilidad calórica por persona por día de 3.000 cuando en el mundo el promedio es de 2.840 y que la misma es una de las más importantes en la producción mundial de productos como el café, 59%, la soja, 54%, el azúcar, 36%, la carne vacuna, 30%, el maíz, 14%, y lácteos 10%, aun no la reducción del hambre cero se haya puesto como meta primaria alcanzar hacia el 2030 como objetivo del desarrollo sostenible, por ser incumplida al 2015 en los objetivos de desarrollo del milenio.

Bajo ese enfoque se podría afirmar que en América Latina el hambre no es un problema de producción, sino de acceso a alimentos, lo que induce a sostener que la seguridad alimentaria está íntimamente relacionada con la superación de la pobreza y la desigualdad. Tambien, se incluyen los ingresos como variable que influye en el precio de los alimentos porque afecta directamente el poder adquisitivo de la familia, lo que se demuestra en el hecho de que para el 2012, se observó en la región una relativa estabilidad de precios, lo que hizo que la población en situación de pobreza y de pobreza extrema se redujeran de manera significativa, mitigando así la desigualdad y el hambre.

En América Latina el flagelo del hambre se ha convertido en el principal malestar que perturba la calidad de vida de las personas, pero a su vez, cuestiona los efectos del crecimiento económico el cual no refleja la inclusión aspirada por los estudiosos de la economía. Es por tales razones que la región ha asumido el compromiso de erradicar el hambre para el año 2030, ya que en las condiciones actuales parece difícil que se pueda conseguir, por lo que llegar a la situación de hambre cero ha de ser fundamental para el continente.

Pero es que se ha tornado como una tragedia el que el hambre continúe aumentando de una forma impresionante en América Latina tal como sostiene la FAO en el que muestra las desconcertantes cifras de que 42,5 millones de latinoamericanos están subalimentados, deterioro que se agrava con un panorama económico negativo que cada vez tiende a profundizarse fruto de la volatilidad económica. Pero es que la región ha caído en una situación de desaceleración económica que no logra superar el promedio de un PIB de 2,1% y esto explica en una alta proporción la causa principal de la inseguridad alimentaria y la desigualdad socioeconómica imperante.

El hambre como flagelo es un fenómeno que tiene su explicación económica, social, política y de derechos humanos, por tanto, lo que está ocurriendo en la región latinoamericana afecta la calidad de la democracia y pone en tela de juicio el progreso económico que propagan muchos gobernantes. Es en ese contexto que se ha sostenido frecuentemente que el fracaso que ha experimentado el sistema democrático en América Latina para mejorar el bienestar de las poblaciones ha conducido a calificarlas como democracias fallidas, porque no atienden los verdaderos principios de la democracia, es decir, el bienestar de las gentes.

Son las cifras que ponen en evidencia lo difícil que resulta hablar de democracia consolidadas en America latina cuando casi el 40% de la población de la región vive en la pobreza, con 71 millones de pobreza extrema y 51 millones de hambrientos y donde 1 de cada 4 jóvenes están excluidos del mercado laboral y del sistema educativo. En adicion, se tiene que las tasas de mortalidad materna e infantil no corresponden al nivel de desarrollo económico y que 120 millones de latinoamericanos no gozan de sistemas de saneamiento, entonces, así no se puede hablar de democracias consolidadas cuando hay 9 millones de niños que padecen desnutrición crónica.

A la luz de la razón, queda claro que la erradicación del hambre debe ser la primera prioridad política, y la primera urgencia temporal, en el camino hacia una mayor cohesión social y equidad en América latina. Pues de lo que se trata es que el derecho a la alimentación debe ser parte de los derechos mínimos que toda sociedad debe garantizar a sus ciudadanos, como condición básica para el logro de una mayor cohesión social, lo cual implica en primera instancia mejorar las condiciones de vida de aquellos que no tienen lo más elemental para vivir: los alimentos.

En América latina el hambre no detiene su crecimiento, lo que se observa cuando se tiene la cuantificación de que para el 2018 la misma afectaba a 42,5 millones de personas, equivalente al 6,5% de la población regional, lo que impulsó que las tasas de subalimentación haya aumentado en los últimos años. Para alcanzar la meta de hambre cero establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, se requiere rescatar, en promedio, a más de 3,5 millones de personas del hambre cada año desde ahora hasta 2030, sin embargo, las mayores dificultades de alcanzar la meta está en la significativa disminución del PIB y el aumento del desempleo resultaron en ingresos más bajos para los hogares, lo que se ha expresado en que el número de personas pobres aumentara de 166 millones a 175 millones durante el periodo 2013-2019, es decir, que ha aumentado de 28,1% al 29,2% de la población.

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