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El gobernador de facto Pedro R. Pierluisi descartó la comparecencia este lunes ante la Comisión Total del Senado, Thomas Rivera, para evaluar su nombramiento a la secretaría de Estado.

Realmente no hay pendiente un proceso de confirmación para un secretario de Estado, porque no hay un secretario de Estado, sostuvo Pierluisi al recordar que «yo lo fui hasta que juramenté como gobernador» el pasado viernes, tras consumarse la expulsión de Ricardo Rosselló por las manifestaciones populares.

Opinó ante los periodistas que la audiencia es un ejercicio para los propios senadores porque como ha sostenido en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador, en todo caso de un secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada.

Pierluisi, quien en el cuatrienio pasado fue delegado ante el Congreso en Washington, aseguró que como las leyes se presumen constitucionales, «lo justo, razonable y prudente es que los tribunales decidan» sobre la legitimidad de su jura, tras ser escogido al cargo de secretario de Estado por Rosselló Nevares.
Posteriormente reaccionó por escrito a informes periodísticos en el sentido de que «no he dado ningún reversazo a la postura que expresé anteriormente.

«Hoy fui consistente en mis expresiones sobre la posición que ocupo; debido a que ya juramenté al cargo de gobernador, en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico», advirtió.

El gobernante de facto aclaro que, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso.
Pierluisi despachó este domingo con miembros del componente del equipo fiscal del Gobierno para darle seguimiento a las iniciativas que se han implementado para el desarrollo económico del país.

Igualmente se reunió con un grupo de alcaldes miembros del oficialista Partido Nuevo Progresist.
En el transcurso del día también hubo protestas frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, para condenar su vínculo con los grandes intereses y, en particular, con la empresa AES Puerto Rico, a la que se acusa de causar daño a la salud de los residentes de los sureños municipios de Peñuelas y Guayama, además del oriental Humacao

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