Opinión

La República Dominicana reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos. Uno de los elementos claves de la política económica actual y que promueve la productividad y los procesos del mercado, es la defensa de la competencia, conjuntamente con otros factores de regulación de la actividad económica.

El artículo 50 de la Constitución dominicana reconoce el derecho a la libertad de empresa como parte del catálogo de derechos económicos y sociales. En su parte capital, consagra que el “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria”, sin más limitaciones que las que especialmente dispongan las normativas.

La preocupación por la libertad empresarial radica en la necesidad de que los Estados que se enmarcan dentro de una economía social de mercado, liderada por la oferta y la demanda, deben contar con regulaciones que permitan que el derecho de las personas “a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, y que sus actividades se realicen con estándares mínimos que garanticen los dos elementos esenciales de la competencia: primero, que sea libre, y segundo, que sea leal.

La libre competencia se basa, fundamentalmente, en la libertad de elección tanto para el consumidor, como para el productor. La competencia leal, presupone un comportamiento ético frente a los competidores, más allá de los intereses encontrados para posicionarse en el mercado.

La República Dominicana cuenta, desde el año 2008, con la Ley General de Defensa de la Competencia, No. 42-08. Esta normativa surge fundamentalmente, por la necesidad de dotar al país de una legislación que pudiera garantizar y afianzar el posicionamiento nacional dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA), mediante el establecimiento de políticas que impidan posibles actos anticompetitivos que limitasen la entrada al mercado de nuevos productos o empresas.

Su objeto es promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios. La norma crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, como ente encargado de materializar por medio de investigaciones, informes, reglamentos, resoluciones y sanciones el objeto de la Ley.

De igual modo, la Ley 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), establece en el objetivo general 3.3, el propósito de lograr la “competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social”. Para ello, la END traza como líneas de acción la necesidad de promover el funcionamiento de un mercado nacional libre de abusos de posición dominante, concepto que alude a ciertos actos o conductas dentro del tipo de prácticas que se consideran anticompetitivas.

La competencia libre y leal es especialmente relevante en la era de la globalización donde las relaciones corporativas han adquirido altos grados de complejidad y poder de influencia en los mercados mundiales, lo que permite que empresas multinacionales puedan representar una amenaza para las pequeñas y medianas empresas locales.

Es necesario que desde el gobierno, las prácticas de competencia libre y leal sean reforzadas mediante proyectos y programas que fortalezcan las actuaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como ente regulador, y que sea incorporado el sector privado como parte indispensable en la creación de una cultura de la competencia fundamentada en principios éticos y leales que beneficien al país y su posicionamiento en la economía mundial.

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