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Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump cambiar su política de encerrar a quienes buscan asilo legalmente en Estados Unidos, mientras se resuelve una demanda sobre el tema en los tribunales.

Según el Southern Poverty Law Center (SPLC, Centro Legal para la Pobreza Sureña), eso significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Orleans deben restablecer los procedimientos para que los solicitantes de asilo detenidos busquen la libertad condicional.

A través de un comunicado, esa organización indicó que el mandato preliminar emitido en Washington DC por el juez James Boasberg debe estar vigente mientras se abre camino a través de los tribunales federales una demanda interpuesta por el SPLC y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

El fallo de hoy es una victoria para los solicitantes de asilo que Estados Unidos ha encerrado cruelmente y olvidado, manifestó Luz López, abogada supervisora del SPLC.
Nuestros clientes han languidecido en abominables centros de detención ocultos a la vista del público, sin recurso legal. Esta decisión deja en claro que el DHS y el ICE deben seguir las leyes de inmigración y respetar la Constitución, añadió la letrada.

De acuerdo con la organización, las aprobaciones de libertad condicional han caído bruscamente luego de la llegada al poder de Trump, quien impulsa muchas acciones controvertidas para reducir la inmigración ilegal y legal.

El centro señaló que, hace menos de 10 años, aproximadamente el 90 por ciento de los solicitantes de asilo eran liberados.

Sin embargo, en la Oficina de campo de ICE de Nueva Orleans, que es responsable de los solicitantes de asilo detenidos en varios estados del sudeste del país, se otorgó la libertad condicional en solo dos de 130 casos evaluados en 2018, mientras que en 2019 no se ha aprobado ninguno.

Ante esa situación, el SPLC y la ACLU interpusieron una reclamación a finales de mayo en nombre de 12 demandantes que, «como cientos de otros migrantes, pidieron asilo en los puntos de entrada oficiales de Estados Unidos en cumplimiento de la ley federal y luego fueron confinados y enviados a prisiones remotas en Luisiana, Mississippi y Alabama».

Según la demanda, la política del ICE en realidad requiere que los solicitantes de asilo sean liberados siempre que establezcan su identidad y demuestren que no representan un peligro o riesgo de fuga.

Pero esa agencia del DHS ha negado la libertad condicional en todos los ámbitos, incluso cuando las personas tienen casos sólidos de asilo y satisfacen los requisitos legale.

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