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El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció hoy el asesinato de firmantes de la paz en Colombia, donde son víctimas frecuentes de la violencia.

Siguen asesinando firmantes de la paz en diferentes partes del país, expresó esa formación política a través de su cuenta en Twitter tras conocerse que otro exguerrillero en proceso de reincorporación fue ultimado la víspera.

Fernando Antonio Castro, excombatiente de la otrora guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), quien se había acogido al proceso de paz, fue asesinado en el departamento Norte de Santander, reportaron medios locales de prensa.
Acorde con la información divulgada, las autoridades están investigando los hechos.

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, una nueva ola de violencia política sacude a Colombia por cuenta de asesinatos cometidos contra exguerrilleros de las extintas FARC-EP en proceso de reincorporación.

Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado y la entonces guerrilla) y el 12 de agosto de 2019, la Fundación registró 106 personas asesinadas que se encontraban adelantando labores de reincorporación a la vida civil.

Esas personas actuaban en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo roles de liderazgo en sus comunidades por la defensa de la paz, el medio ambiente, la implementación del Acuerdo, entre otras. Asimismo, han sido a asesinados 26 de sus familiares, detalló.
Según el material divulgado, la violencia contra exguerrilleros tiene un gran impacto en la posibilidad de construir paz y reconciliación.

La academia y centros de investigación especializados en procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración parecen estar de acuerdo en que la falta de seguridad física es la piedra angular que podría marcar el éxito o fracaso de la reincorporación a la vida civil y, al mismo tiempo, es un factor en la reincidencia ante la falta de garantías de seguridad, añadió.

A su vez, indicó que la falta de voluntad política para la puesta en marcha y el mantenimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación, dificulta la creación de posibles soluciones para mitigar el riesgo de quienes suscribieron el Acuerdo y expresa la falta de compromiso del Gobierno con la integridad de los exguerrilleros.

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