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Por segundo día consecutivo, el movimiento independentista de Cataluña protagonizó masivas protestas en rechazo a las condenas contra varios de sus líderes por su papel en el intento de secesión de esa región española, en 2017.

Las cargas policiales de la víspera durante la multitudinaria movilización que colapsó el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, se reprodujeron este martes ante las sedes de las delegaciones del Gobierno español en las cuatro capitales de provincia catalanas.

En un clima convulso, las asociaciones separatistas convocaron sentadas con velas frente a las representaciones de Madrid en las principales urbes de la comunidad autónoma nororiental, pero en la llamada ciudad condal una protesta paralela terminó en duros enfrentamientos.

Las imágenes de televisión en vivo desde Barcelona, la capital catalana, mostraron momentos de alta tensión entre los agentes de los Mossos d’Esquadra (policía regional) y los manifestantes alineados muy cerca unos de otros.

Los Mossos cargaron contra unos cientos, entre ellos muchos jóvenes con la cara tapada, que lanzaron botellas, petardos y bengalas e incluso hicieron fogatas enfrente del cordón de seguridad montado frente al edificio que alberga a la delegación del Ejecutivo central.

Según medios periodísticos, agentes antidisturbios actuaron para dispersar a los grupos más violentos, como los que se concentraron en el distrito del Eixample, y utilizaron la fuerza con más intensidad en el famoso Paseo de Gracia, donde bomberos también intervinieron para apagar las hogueras encendidas por manifestantes.

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo español decretaron la víspera penas de prisión de entre nueve y 13 años para nueve de los 12 implicados en la tentativa de secesión de octubre de 2017.

La peor condena recayó en el exvicepresidente de la Generalitat (autogobierno catalán) Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación de fondos públicos.

El Supremo consideró que el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por la justicia, y la posterior declaración unilateral de independencia supusieron una sublevación para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y la ley.

En un comunicado emitido a última hora de este martes, el Gobierno en funciones de España se comprometió a garantizar la seguridad en Cataluña ante la violencia que se está produciendo en las calles y que, denunció, son acciones «coordinadas» para «romper la convivencia».

El Ejecutivo del socialdemócrata Pedro Sánchez dejó claro que su objetivo «será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña, y lo hará si es preciso siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad».

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, calificó de inaceptables los actos vandálicos ocasionados por grupos violentos de manifestantes en la capital catalana.

«Merecen un rechazo unánime y es necesario que todas las instituciones hagan un llamamiento a la calma», escribió la regidora izquierdista en su perfil de la red social Twitter.

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