La Cepal y la Organización Internacional del trabajo (OIT) llamaron a Priorizar la seguridad y salud en el trabajo para que la reactivación productiva post Covid-19 sea segura y saludable.
De forma simultánea en esta capital y en Lima, Perú, la OIT y la Comisión económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentaron la edición 22 del informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19).
El informe advierte que de prolongarse la crisis, serán necesarias más medidas para proteger los empleos e ingresos de trabajadores y limitar el impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables como los migrantes, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, asalariados e independientes informales.
Tanto Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, como el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, concordaron en que las políticas deben apuntar a una «normalidad mejor», con mayor formalidad, equidad y diálogo social.
La Cepal y la OIT coinciden en que la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con reducción de horas, caída de salarios y despidos, y en el sector informal con pérdida de empleos por distanciamiento y prohibición de circulación.
Asimismo señalan que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables y sectores intensivos en mano de obra como turismo, comercio, manufactura y entretenimiento han sido altamente afectados, mientras que las micro y pequeñas empresas, que concentran el 46,6 por ciento del total del empleo en la región, tienen alto riesgo de quiebras.
A causa de la crisis sanitaria este año en la región se proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados, que de profundizarse la contracción económica será todavía mayor.
La Cepal estima que para 2020 la pobreza alcanzaría al 34,7 por ciento de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 83,4 millones, al tiempo que se espera un aumento de la desigualdad en los países de la región.
Para mitigarlo, ha propuesto un ingreso básico de emergencia por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que supondría un gasto adicional del 2,1 por ciento del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020.
En este ámbito, el objetivo estratégico a largo plazo es la implementación gradual de un ingreso básico universal, apoyado por mecanismos sostenibles de financiamiento.
El informe reitera la necesidad de repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, con un sistema de protección social basado en un enfoque de derechos, sensible a las diferencias, con políticas universales, redistributivas y solidarias.
