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Diversas reacciones generó hoy la detención preventiva dictada contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) investigado por supuesta manipulación y soborno de testigos.

La Agencia Prensa Rural calificó el veredicto de la Corte Suprema de histórico, mientras ratificó que representa una transformación política sin precedentes en Colombia.

«Nadie está por encima de la ley, esa es la esencia y verdadera vigencia del Estado de Derecho», escribió en Twitter, por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien remarcó que las decisiones de la justicia se respetan.
Desde Caracas, la presidenta de la televisión latinoamericana Telesur, Patricia Villegas, destacó que es un día para la historia de la búsqueda de la verdad en Colombia.

La periodista colombiana aseguró que los testigos supuestamente sobornados por el abogado del líder del partido gobernante Centro Democrático (derecha) acusarían a opositores y encubrirían su participación en conformación y acción de grupos paramilitares.

El usuario Juan Camilo, identificado en la red de microbloging como activista, investigador y defensor de la paz, sostuvo que es un paso muy importante para la justicia en la nación sudamericana.

Seguidores del expresidente también se manifestaron en la red social con muestras de apoyo.
Es la primera vez en la historia de Colombia que un exmandatario recibe una medida de este tipo y podría representar el fin de la carrera política de Uribe como senador, precisó la revista Semana.

El senador por el Polo Democrático Alternativo (izquierda) Iván Cepeda acusó a Uribe en 2014 de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes presentando testimonios de exmiembros de esos grupos armados ilegales.
El debate en la Cámara Alta del Congreso colombiano dio un giro cuando incriminaron a Cepeda por presentar falsos testimonios.

Sin embargo, hace dos años la Corte Suprema desechó el caso contra el congresista opositor e inició la actual investigación que involucra a Uribe, quien si es culpable podría enfrentar entre seis y ocho años de cárcel.

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