Pagar dinero a los dueños de terrenos para que no corten los árboles en la parte alta de las montañas, donde nacen los ríos, es una manera de beneficiar a los propietarios y contribuir con la conservación de los bosques que dan agua, oxigeno, suelo, alimentación y viviendas a las aves y a los animales silvestres, que cumplen una función en la naturaleza para la Vida.
A esta recompensa se le llama Pago por Servicios Ambientales o PSA y, según los técnicos y ambientalistas, forman parte de los servicios ambientales del bosque.
Dicho pago es definido por la ley que lo crea (Ley 44-18 del 3 de septiembre del 2018) como un “… instrumento de gestión ambiental flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a una retribución financiera a favor de una persona, para asegurar un uso del suelo que garantice el mantenimiento o la provisión de uno o más de los servicios ambientales reconocidos por esta Ley y su reglamento general de aplicación”.
Desde el año 2012 República Dominicana realiza acciones de pagos por servicios ambientales, tan esperados desde años atrás por varias comunidades, con las cuales se ha trabajado en la parte alta del río Yaque del Norte, quienes han cuidado sus árboles para que den el agua que se consume más abajo de donde nace este recurso que vale todos los millones del mundo, agua que se almacena en el complejo de presas Tavera-Bao, unidas estas por el canal que se observa en esta foto de la redacción de Vanguardia del Pueblo.
El proyecto piloto de pagos por servicio ambiental hídrico (PSA-CYN) comenzó pagarle a un grupo de dueños de bosques desde hace 8 años, en coordinación con la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN); y con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana GIZ, cuyo objetivo es “…contribuir a la regulación de los cuerpos de agua de la cuenca del río Yaque del Norte, mediante un pago por servicios ambientales, con el fin de aportar a la sostenibilidad del recurso hídrico, en calidad y calidad”, según el boletín divulgativo PSA-CYN de las instituciones patrocinadoras.
Unos 69 propietarios de terrenos, que ocupan unas 43,756.16 tareas de bosques, en las provincias La Vega y Santiago, han recibido pagos hasta el 2020, según el Ministerio de Medio Ambiente.
Los compromisos principales que han asumido los beneficiarios son: mantener la cobertura boscosa absteniéndose de utilizar el predio para desarrollar actividades agrícolas, ganaderas u otras que puedan afectar el ritmo de desarrollo natural de la vegetación; cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley No.64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales; prevenir y controlar incendios forestales, cacería ilegal y la extracción ilegal de productos del bosque; y no cambiar el uso de suelo de las fincas bajo convenio de conservación, según lo comprometido con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones involucradas.
