El expresidente peruano Martín Vizcarra cuestionó hoy la legitimidad de su sucesor, mientras las protestas contra la destitución del mandatario persisten y se extienden a diversas regiones, aunque distan de ser un aval al cesante.
Vizcarra argumentó que la legalidad de su vacancia por el Congreso de la República está en tela de juicio, porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó sobre un recurso de su fenecida administración, presentado en septiembre, antes del primer intento de cesarlo.
El recurso pidió que esa corte definiera los alcances de la vacancia por «incapacidad moral permanente», pues basta tener mayoría para aplicarlo por sospechas, según la defensa del exgobernante que, de cualquier manera, ya aceptó la decisión del Legislativo.
Añadió que a un gobierno la legitimidad se la da el pueblo y «una autoridad que no tenga legalidad definida y legitimidad de respaldo, genera preocupación».
La legitimidad y la legalidad del nuevo gobernante, Manuel Merino, fue cuestionada por los candidatos presidenciales del izquierdista bloque Juntos por el Perú (JP) Verónica Mendoza y el expresidente Ollanta Humala, del Partido Nacionalista (PN),
También por el postulante del centroderechista Partido Morado, así como por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, del partido del nuevo gobernante, Acción Popular (AP).
Vizcarra también fue preguntado sobre las protestas contra el Congreso, un impopular mosaico de nueve minorías.
Respondió que «son manifestaciones espontáneas que respetamos». «Soy un peruano más y también manifiesto mis sentimientos de preocupación por la situación que se está viviendo», añadió.
El saldo preliminar de las protestas que a lo largo del día se realizaron en el centro de Lima fue de siete detenidos y también hubo similares manifestaciones en las ciudades de Arequipa, Cusco, Huancayo, Huaraz y otras, de jóvenes y mayores que rechazan lo sucedido.
Poco antes del cese de Vizcarra, dos encuestas acreditaron un rechazo de 78 y 95 por ciento a la vacancia, mayoría que, sin embargo, estaba de acuerdo con que se investigue las acusaciones de empresarios que dicen haberle pagado sobornos a cambio contratos de ejecución de obras públicas, lo que él niega.
