Opinión

Efecto contraproducente

El proyecto de Ley que contie­ne la propuesta de Presupuesto General del Esta­do para el año 2021, que fue depositado ante el Congreso Nacional y se encuentra en proceso de discusión, no con­templa la continuación de los programas de protección social puestos en marcha en abril de este año, como con­secuencia de la pandemia del Covid-19. El gobierno del Presidente Luis Abinader ha anunciado que los programas Quédate en Casa, FASE I, FA­SE II y Pa’ Ti, no continuarán a partir del próximo mes de ene­ro, una medida que conlleva un alto riesgo y generará fuer­tes vulnerabilidades en las per­sonas más necesitadas.

Aunque hay que reconocer que el costo de estos progra­mas constituye un fuerte sa­crificio para las finanzas públi­cas, más grande es el sacrificio que han tenido que asumir los millones de dominicanos y do­minicanas que han tenido que transformar su estilo de vida debido a la pandemia del Co­vid-19, así como, la extrema precariedad de millones de dominicanos que no cuentan con la seguridad de un ingreso o peor aún los fondos suficien­tes para alimentarse adecua­damente.

En tiempos de pandemia tenemos que pensar y traba­jar por y para el pueblo, cuidar de la economía nacional para atender y proteger a nuestros ciudadanos. Si no hacemos lo primero sería una desgracia, pero fallar en lo segundo es una fatalidad.

Debemos observar atenta­mente lo que está sucediendo en los países que fueron im­pactados primero que la Re­pública Dominicana por el Co­vid-19, que están volviendo a tomar medidas drásticas como lo hicieron en la primavera, de­bido a una segunda ola que ya parece inminente. España, Ita­lia y Estados Unidos, solo por mencionar algunos, presen­tan un panorama preocupante que podría ser tan difícil y de­solador como el que enfrenta­ron al inicio de la pandemia.

Aún hay mucho que no sa­bemos sobre el Covid-19, por ende, no podemos asumir que la situación actual, que parece­ría que está todo bajo control, se mantendrá hasta que la va­cuna sea una realidad palpa­ble. En adición, el país ha per­dido más de 250,000 empleos, que no se recuperarán en el corto plazo, lo que deja despro­tegidas a muchas familias.

En consecuencia, el go­bierno debe tomar las previ­siones de lugar para disponer de los fondos necesarios pa­ra mantener los programas de protección social más allá de diciembre, incluso, de ser posible, hasta que tengamos una vacuna. La respuesta so­cial al Covid-19 ha reafirmado el rol de los Estados como ga­rantes de los derechos funda­mentales de los ciudadanos, especialmente el derecho a la salud, a la educación y la pro­tección del ingreso de las fami­lias. Al momento que se escri­ben estas líneas, no hay razón que justifique la modificación de los programas sociales en curso, puesto que la razón que dieron origen a los mismos aún persiste.

No debemos esperar a que una segunda ola del coronavirus nos ataque para tomar las medi­das necesarias, debemos actuar preventivamente y definir, des­de ahora, cuáles serán las accio­nes por tomar en caso del recru­decimiento de los casos y que el sistema hospitalario vuelva a sobrecargarse. Desde ahora, el Gobierno debe dar inicio a los procesos necesarios de adqui­sición de medicamentos e in­sumos, antes de que en el mer­cado global eleven sus precios por la demanda.

Los programas sociales de­ben seguir protegiendo a las familias donde no existan in­gresos fijos, lo que puede ve­rificarse mediante la revisión de la base de datos de la Te­sorería de la Seguridad So­cial y la del Sistema Único de Beneficiarios. Suspender es­tos programas antes de una vacuna constituirá un daño irreversible a las familias más necesitadas, un efecto con­traproducente que vamos a lamentar.

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