Editorial

Vulnerando la Ley de Leyes

Al cumplirse los primeros cien días que tradicionalmente se otorga en nuestro país a los gobiernos, el Partido de la Liberación Dominicana rompió el silencio luego de soportar durante tres meses y algo acusaciones infundadas, insultos y provocaciones, presentando la cruda realidad que se vive en República Dominicana caracterizada por la indolencia de una gestión de inexpertos en la que las incoherencias son predominantes. Un gobierno elitista que se preocupa solo por los intereses del sector que, entiende, representa.

En rueda de prensa el Comité Político, junto a los congresistas peledeístas, fijó la posición de la dirección partidaria, con un claro mensaje de oposición responsable y crítica constructiva.

En ese sentido, la dirección del PLD advirtió sobre la rápida degradación de nuestras instituciones, lo que se manifiesta de distintas formas.

El gobierno, con la ayuda de cuestionadas alianzas, no duda en violar leyes, forzar procesos y degradar las instituciones, como muestra, el irrespeto a leyes y preceptos constitucionales.

El gobierno asestó un duro golpe a la democracia escogiendo de manera unilateral a la Junta Central Electoral, ignorando al primer partido opositor y a diferentes sectores que sugirieron el consenso para conformar el órgano de comicios.

Asimismo, en franca violación a la Constitución el Senado seleccionó a uno de sus integrantes como representante de la segunda mayoría política que no pertenece a un bloque de partidos diferente al del presidente del Senado, ni tampoco tiene la calidad de la representación de la segunda mayoría política, como se ordena en la Ley Sustantiva.

Se transgredió la Ley al designar en la administración de acueductos locales a profesionales del derecho, pese al mandato legal que dispone que deben ser ingenieros, tal y como lo ha denunciado el CODIA.

Al rosario de acciones que degradan instituciones y vulneran leyes, sumamos ahora la iniciativa de un presumido congresista, aprobada en el hemiciclo, de invitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los demás miembros del Consejo del Poder Judicial para que acudan a sesión.

Sin duda alguna es una vulneración de la Carta Magna porque se está ante una clara interferencia de una de las ramas del legislativo en el Poder Judicial, que como los demás poderes es independiente en el ejercicio de sus funciones.

Un olímpico irrespeto a las leyes y una progresiva degradación de las instituciones que indican con claridad que en ese aspecto de la vida nacional no se anda bien.

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