Opinión

El debate de las tres causales para la interrupción del embarazo ha copado la opinión pública en los últimos días, ante la inminente aprobación de un Código Penal que no refleja las aspiraciones de un amplio conjunto de la sociedad que hoy protesta para que la pieza legislativa no sea promulgada en su estatus actual.

Para resolver el impasse, se ha planteado la posibilidad de un referendo o proceso de consulta democrática que contempla la Constitución como un derecho de los ciudadanos en su artículo 22. Esta figura de participación directa de los ciudadanos en la toma de una decisión, si bien es un mecanismo que constituye una de las grandes conquistas de la Asamblea constituyente del 2010, no menos cierto es que requiere ser analizada con detenimiento, a la hora de asumir que es la vía idónea para solucionar el tema de las tres causales.

Si evaluamos la historia reciente, cierto es que un referendo constitucional no garantiza una solución a lo que parecen ser diferencias irreconciliables entre dos posturas muy bien marcadas. En Reino Unido se realizó un referendo para decidir si ese país continuaría o no siendo parte de la Unión Europea. El resultado, conocido como “Brexit”, no sirvió para solucionar los problemas sociales y económicos que generaron la necesidad de una consulta. Muy por el contrario, el “Brexit” resultó en una separación aún mayor entre los grupos que estaban a favor del sí o aquellos que postulaban por el no, resultando en un profundo quiebre de la cohesión social.

Un ejemplo más cercano lo encontramos en Colombia y su plebiscito sobre los acuerdos de Paz, cuyo resultado estuvo impreso de las posturas políticas de dos líderes políticos fuertemente enfrentados, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Las consecuencias del Plebiscito se reflejan en la fragilidad de muchos de los acuerdos alcanzados y las constantes presiones políticas para que muchas figuras de las FARC no sean reintegradas a la vida política. El Plebiscito solucionó el problema en el corto plazo para que el acuerdo de paz pudiera convertirse en una realidad, pero a la larga, debilitó los fundamentos sobre los que se construyeron los puntos de este.

Muchas veces pensamos que los referendos constitucionales suelen ser exitosos porque casi siempre los vinculamos con la decisión soberana de los pueblos de ser libres e independientes. Por ejemplo, Noruega decidió separarse de Suecia mediante un referendo en 1905, un caso de éxito. Un hecho más reciente es la división de Sudán en dos países, Sudán del Norte y Sudán del Sur, uno de ellos montado en el tren del desarrollo económico y social, el otro, sumido en la pobreza y el conflicto armado.

Antes de embarcarnos en un referendo para decidir el tema de las tres causales, se sugiere discutir las condiciones constitucionales, legales y sociales de los aspectos de un referendo como mecanismo de participación y, a la vez, la regulación de estos, para lo cual se requiere una legislación especial que aún no ha sido sometida al Congreso Nacional.

Nos ocupan muchas cuestiones a la hora de reflexionar sobre este tema. ¿Cuál es la forma idónea para realizar un referendo? ¿Habrá referendo consultivo, es decir no vinculante? ¿Quién regulará el proceso? ¿Quién decide la pregunta a formularse? ¿Qué define el éxito del referendo? ¿La participación? ¿Cuál será el nivel mínimo de participación? ¿Cómo evitamos el uso excesivo del referendo?

Si el referendo no se regula correctamente, si no se utiliza conscientemente y si no se aplica en base a criterios claramente pre-establecidos, corremos el riesgo de que el referendo sea más una fuerza destructiva que una herramienta capaz de cohesionar a la sociedad y llevarnos al terreno común de los acuerdos. Primero, vamos a propiciar una regulación correcta de la figura y, luego, nos ponemos de acuerdo en cada caso en particular.

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