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Costo de la vida ha degradado salarios de maestros

Representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exigieron al Ministro de Educación un incremento salarial de un 30 % y la entrega de herramientas de trabajo, debido a que su calidad de vida se ha visto afectada por el incremento del costo de la vida y el pago de tecnología para poder impartir la docencia.

Los profesores Franklin Ferreras, Yadira Duval, Juan Bautista Brito, Wander García, Joselin Mateo, Diovel Franco, Wilquin Ferreras, Riquelmi Amador, Julio Pérez, presidentes de las Seccionales de la ADP del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional, demandaron de las autoridades la entrega de computadoras, Laptops, tabletas e Internet, tanto para los maestros como para todos los estudiantes.

Así como colocar internet en los centros educativos de tal forma que los maestros no tengan que incurrir en gastos de su ya reducido salario como producto del alto costo de la canasta familiar para comprar paquetitos o pagar facturas de uso del internet para la docencia.

En declaraciones ofrecidas a periodistas durante una rueda de prensa realizada en las afueras del Ministerio de Educación, los representantes de la ADP exigieron al ministro , Roberto Fulcar, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes, con un aumento salarial significativo, no inferior al 30%, que esté acorde con los costos de los bienes y servicios que demanda una familia.

“El costo de la vida se ha disparado en los últimos meses, además del aumento salarial y el mejoramiento del clima laboral, los dirigentes gremiales solicitamos la colocación de forma automática de los incentivos de los años en servicio y titulación a los docentes”

Explicaron que urge que las autoridades educativas dignifiquen la vida de los docentes jubilados y pensionados; ya que esos maestros lo dieron todo por la educación del pueblo dominicano, y, en la actualidad, el salario que devengan no les alcanza ni para la compra de sus medicamentos.

“Por tanto, debe usted canalizar ya con el superior gobierno producir urgente un aumento salarial como establece el artículo 80 del Reglamento 639-03 del Estatuto del Docente, puesto que el salario de jubilados y pensionados debe ser revisado e indexado, según el costo de la canasta familiar”, precisaron.

Recordaron al ministro de educación la importancia de que todo maestro que ejerza una función jerárquicamente superior al cargo de docente sea ratificado y colocado el salario correspondiente, como son los casos de los coordinadores pedagógicos y directores interinos de los centros educativos.

Los presidentes de las seccionales hicieron exhortaron al ministro Roberto Fulcar a que resuelva el tema pendiente y acordado entre el MINERD y la ADP sobre la igualación de tandas (primaria y secundaria).

Los profesores reclamaron la evaluación de los salarios de los profesores de Prepara, ya que ellos rinden una labor docente importante y la ley es clara cuando establece que “a igual trabajo igual pago”.

Por otro lado, también exigieron el paro de las cancelaciones masivas de monitores de los centros educativos, debido a que los mismos realizan una labor docente, aunque sus salarios están por debajo del de los maestros por lo que es necesario convocar a concurso para regularizar esa situación.

Además llamaron a las autoridades a dar cumplimiento al acuerdo para que los docentes no tengan que pagar licencias médicas prenatal, postnatal y por enfermedad común.

En torno al reinicio a clases en medio de la pandemia Covid-19, señalaron a las autoridades que no se puede ser tan simplistas como para pensar que la única solución que existe hoy es la presencialidad en las aulas de estudiantes y maestros.

“A dos meses de finalizar el año escolar no es prudente la vuelta a la presencialidad porque, precisamente, no están creadas las condiciones. Lo que más bien aconsejamos es concluir el presente año escolar de forma virtual”, agregaron.

Consideraron que el Ministro de Educación y su equipo deben abocarse a preparar una gran apertura para el próximo año escolar, creando todas las garantías de salubridad necesarias y suficientes para cuidar la salud y vida de todos los ciudadanos.

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