Opinión

Por lo menos durante la última década, la lectura de los resultados del Latinobarómetro y otros estudios demoscópicos reflejan la poca credibilidad que las organizaciones políticas tienen ante la sociedad. Esto ha generado un debate sobre la necesidad o no de los partidos políticos en las sociedades democráticas y si estos contribuyen realmente a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, si en realidad son verdaderos representantes de los ciudadanos.

Las razones son bastante conocidas: las acusaciones de corrupción, la desaparición de las ideologías políticas, la infiltración del crimen organizado en las organizaciones políticas y, sobre todo, el hecho de que los actores políticos, una vez en el ejercicio del poder, se distancian de sus promesas electorales.

En el caso de la República Dominicana, a parte de la Policía Nacional, los partidos políticos hoy son la institución de la sociedad con menos credibilidad en el espectro nacional. Esto genera, en el corto plazo, que las estructuras políticas requieran más de figuras prestantes de la sociedad, si es que quieren disponer de suficiente capital político para alcanzar el poder y desarrollar un plan de gobierno.

Poco a poco, figuras independientes de los partidos y las organizaciones políticas van ganando más espacio y prestancia para optar por cargos públicos, un fenómeno que, si bien genera una pluralidad en los entes públicos, también dificulta que se alcancen consensos en el debate de las cuestiones que afectan a la sociedad, ya que las figuras independientes solo responden a su íntima convicción.

El caso de Chile y la elección de la Asamblea Constituyente que tendrá a su cargo la reforma constitucional es un ejemplo de este fenómeno. La oferta de los partidos políticos de izquierda y de derecha no fue atractiva para los electores, quienes prefirieron confiar una tarea tan esencial para la vida republicana de Chile, a un 40 por ciento de figuras independientes, lo que indica claramente que los partidos políticos ya no tienen el monopolio de la representación en los estamentos públicos y políticos.

Estos hechos fortalecen la percepción de que se extinguen los partidos y las organizaciones políticas. Para contrarrestar esa realidad, son los políticos los que deben adoptar medidas sin dilación para dotar a las organizaciones políticas de una mayor legitimidad, priorizando el compromiso con la ética y con normas que apunten a la transparencia y la rendición de cuentas, pero especialmente, a que sean sancionados o separados de la entidad, aquellos que estén vinculados a actos que riñan con la moral y la ley.

Si no se actúa con ese enfoque, entonces se extinguirán los partidos y las organizaciones políticas, porque no habrá manera de salvarlos de sus propias faltas e innación.

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